Aunque suena a juego de palabras, expresa bastante bien lo que puede producirse en torno al proyectado almacén de combustible utilizado en las centrales nucleares españolas. Tal como se planteó en principio, la decisión de optar a albergar la instalación debería corresponder a los ayuntamientos, pero la cosa no va exactamente por ahí: gobiernos autonómicos y direcciones de los partidos están tratando de socavar lo acordado por mayoría en los municipios optantes.
Abundan las curiosidades en el asunto. La creación de un recinto para conservar residuos radioactivos de alta intensidad se acordó en el Parlamento por amplia mayoría. El calendario estaba claro desde el principio, por los plazos de vencimiento del contrato con Francia. Los costes, previstos y cargados en los recibos de electricidad desde hace años. Las comunidades autónomas no quisieron o no fueron consideradas parte en el asunto. Ninguna reclamó potestades de intervención o participación.
A partir de ese escenario, distintos protagonistas están rivalizando estos días por ver quién arriesga menos votos e incluso, a ser posible, araña alguno a los demás. Sucede, además, que mola ser antinuclear. Pero no siempre las posturas guardan debida coherencia y usan o abusan de ese extraño principio que patrocina cosas... para que las asuman los demás.
La primera aportación verbal surgió del actual ministro de Industria, Miguel Sebastián, cuando aseguró que habría avalancha de municipios candidatos a acoger el almacén. La segunda ha venido de su predecesor y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla: convocó el concurso, bajo las reglas descritas, y ahora rechaza de plano que un ayuntamiento catalán ejercite su derecho a concurrir, amenazando con todo tipo de acciones para impedir que triunfe su candidatura.
En el ámbito de los partidos la cosa no luce mejor. El Gobierno central, monocolor del PSOE, abre la convocatoria y el presidente socialista de una Autonomía (Castilla-La Mancha) amenaza con toda suerte de males al Ayuntamiento de Yebra (Guadalajara) si consuma su deseo de acoger la instalación. Claro que el PP, mayoría en el consistorio, asegura que abrirá expediente al alcalde por boca de su secretaria general, a la vez candidata a presidir la Autonomía. Y algo similar va a hacer Convergència i Unió (CiU) con su militante al frente del municipio de Ascó (Tarragona).
Vale la pena recordar que PP y CiU se han manifestado siempre partidarios de la energía nuclear. Así lo declaran en sus programas, pero no parece que en esa inclinación incluyan qué hacer con el combustible usado en cada central.
Quienes apuestan por la energía nuclear, pero rechazan el almacén, deberían explicar qué proponen hacer con los residuos. Algunos saben, aunque no lo digan, que ubicarlos en las proximidades de una central evita los riesgos que entraña su transporte de un lado a otro; por cierto, lo que se viene haciendo desde hace décadas, por vía férrea hacia Francia, sin que nadie haya protestado, más allá de alguna manifestación puntual de Greenpeace.
Aparte de la calificación que a cada uno merezcan las posturas de estos días, llama la atención que los partidarios de la energía nuclear hagan tan poca didáctica en defensa de su postura. Así, van creciendo aversiones y temores... caldo de cultivo excelente para que crezca el oportunismo y hasta se llegue a intentar vetar lo que se ha votado legítimamente, dentro de un proceso instado por los mismos que ahora se empeñan de desactivarlo.
