Es justo reconocer que el día de la corazonada -domingo, 27 de setiembre- acertó congregar una gran masa de madrileños ilusionados con la posibilidad de que la capital resulte elegida como sede olímpica 2016, el próximo 2 de octubre, en Copenhague. Seguramente no será fácil. Juegan en contra factores como la regla nunca admitida, pero aplicada, de la alternancia entre continentes, o las pegas que opuso el informe preliminar sobre las ciudades aspirantes.
Madrid salió derrotada en su anterior intento, perdiendo a los puntos frente a Londres, según las versiones más difundidas tras la votación. Pero la victoria de la capital británica puede tener el efecto secundario de mandar a América o Asia la siguiente edición de los Juegos de Verano, por aquello de no repetir en el mismo ámbito político-geográfico. Lo que no se podrá negar, ni entonces ni ahora, es que atraer una segunda Olimpiada a suelo español goza de práctica unanimidad institucional. Sin duda, el recuerdo de Barcelona 92, mitificado o no en la capital catalana, pesa sobremanera en la cobertura prestada a la apuesta del alcalde Ruiz-Gallardón, aunque no todo el mundo sepa que la idea comenzó a gestarse en tiempos de su correligionario predecesor.
Tanto entusiasmo, en cualquier caso, no debería ocultar en qué condiciones se puede tener que afrontar el reto de organizar esos Juegos si las votaciones en la capital danesa se decantan a favor de Madrid. También en este sentido, la experiencia de Barcelona debería servir.
Dando por supuestos los beneficios -la mayoría intangibles- que proporciona la celebración del evento, no cabe pasar por alto la evidencia de unas inversiones requeridas que, como es lógico, habrán de cubrirse con impuestos, sea de modo inmediato o diferido, incrementando la deuda de la ciudad. Ocurrió tras 1992 para los contribuyentes barceloneses, que aún hoy soportan un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) entre los más elevados del estado, multiplicado de forma apreciable nada más apagarse la llama olímpica en el Estadio de Montjuic. Y casi da susto pensar lo que puede ocurrir en Madrid, teniendo en cuenta que es uno de los municipios más endeudados de Europa, a punto de alcanzar 8.000 millones de euros, en gran medida comprometidos en obras y equipamientos recientes, entre los que sobresale el algo faraónico y todavía inconcluso proyecto de soterrar y recuperar el tramo sur de la autovía urbana M-30.
Si a todo ello se agrega la expectativa de una recuperación económica incierta, como pronto calculada para 2011 ó 2012, no queda más remedio que preguntarse si España y su capital estatal tienen coyuntura para esos ruidos, o sería más razonable reservarse para mejor oportunidad.
Probablemente es tarde para arrepentirse o echarse atrás, pero a nadie debería extrañar que más de uno cruce los dedos para que el próximo 2 de octubre las votaciones del Comité Olímpico Internacional (COI) confirmen los rumores más extendidos y otorguen a Río de Janeiro la organización de los Juegos de Verano 2016, con permiso de Tokio y el carisma de Barack Obama en apoyo de su natal Chicago. Si tal cosa ocurre, a lo mejor tendrá coste político para el alcalde Ruiz-Gallardón, pero probablemente resultará barato para la mayoría de los demás.
