Tras semanas de incertidumbre, apuestas, pronósticos, cábalas y filtraciones, el Gobierno acabó tomando el pasado viernes una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña que casi nadie esperaba: ni cierre ni continuidad, sino una especie de prórroga cabalística hasta el 2013. ¿Tendrá algo que ver que el 2012 esté previsto como año de elecciones generales?
Aunque no parece haber gustado a nadie, es creíble que la intención haya sido agradar a todos; pero debería sobrar experiencia para saber que las decisiones de medio pelo acaban generando más descontento que satisfacción. Los antinucleares se sienten derrotados en su pretensión de clausura a corto plazo. Los pronucleares temen que el Ejecutivo socialista no cierre la puerta a un posible proceso de desmantelamiento progresivo de las ocho plantas que existen en España, más o menos conforme al compromiso electoral del presidente Rodríguez Zapatero. Unos y otros comparten, con razón, la apreciación de que el Gobierno no ha despejado, sino añadido incertidumbre a un tema tan crucial como el futuro de la generación eléctrica en nuestro país.
Por si faltaba algo, el propio líder socialista ha anunciado este fin de semana su intención de llevar una ley al Parlamento que defina qué es vida útil de una central. Extraña manía la de querer resolver cuestiones técnicas o económicas mediante postulados políticos, pero parece que los actuales gobernantes se están aficionando a practicarla.
Volviendo a Garoña, la génesis de la decisión ha sido, por lo demás, llamativa. Como en tantas otras cuestiones, el Ejecutivo ha elegido poco menos que ignorar el criterio del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), inclinándose por una opción que el organismo ni siquiera había considerado. Nada distinto, por cierto, de lo que viene actuando en otras cuestiones, lo que hace inevitable preguntarse qué sentido tiene haber fijado en la ley el requisito de los informes preceptivos, pero no vinculantes, a cargo de los reguladores sectoriales independientes. ¿No sería mejor omitir un trámite que raramente varía la orientación del Consejo de Ministros? ¿Tendrá en cuenta el Ejecutivo la opinión del CSN para determinar qué es vida útil con rango de ley?
Tampoco ha sido lo que se dice brillante la argumentación dialéctica. En parte, es lo que corresponde a la falta de una formulación política clara sobre los asuntos energéticos, más allá del soniquete recurrente a favor de las energías renovables. Por más que se intente revestir de ropaje ideológico, la cuestión es esencialmente económica: de lo que se trata es de disponer de un modelo energético fiable, eficiente y al menor coste posible, porque de él dependerá al menos una parte del grado de competitividad de España en el escenario global. ¿Discurrirá por esa vía la planificación energética hasta el 2030 que el presidente también ha anunciado que someterá a debate parlamentario tras el verano?
Cualquier decisión sobre el modelo energético que se adopte hoy tardará años, si no décadas, en materializarse, por lo que una hipotética puesta en marcha en el 2010 es mejor que nada, pero deseable hubiera sido que el país ya contara con él. Aunque si los planes se van a inspirar en la misma filosofía salomónica aplicada a la central nuclear burgalesa... para qué contar.
