En la recurrente dinámica del "tú, más y peor", socialistas y populares no escatiman esfuerzos ni desperdician mecanismos para echar gasolina a las brasas del sistema financiero, particularmente las cajas de ahorros, más necesitados que nunca de abundantes dosis de tranquilidad.
Sin duda, el espectáculo ofrecido en torno al propósito de controlar Caja Madrid es cualquier cosa menos ejemplar, pero tampoco sobran motivos para rasgarse ahora las vestiduras porque el Gobierno de la Comunidad trate de colocar un presidente suyo al frente de la entidad. Mucho menos desde el PSOE, que hace exactamente lo mismo allí donde ostenta el poder territorial; por ejemplo, en Caja Castilla La Mancha, intervenida el domingo por el Banco de España. Un hecho que ha servido al PP para cargar tintas contra la gestión de los últimos años, pese a que sus consejeros no dijeran ni pío hasta hace pocas semanas.
Animados también por el nefasto todo vale, el Gobierno central decide recurrir por presunta inconstitucionalidad la ley madrileña de Cajas recientemente reformada con el refrendo del grupo socialista en la Asamblea de Madrid. Y el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, aparentemente desmemoriado respecto de su etapa como secretario de Estado de Economía (2000-2004), aprovecha la crisis de la Caja manchega para sentenciar que "hay más en igual o parecida situación".
Resulta, pues, evidente la incapacidad de Gobierno y Partido Popular para encarar la peor crisis financiera desde 1977 con un mínimo de consensuadas mesura y responsabilidad. Es más: llevados por su enfermiza obsesión de lograr desgastarse recíprocamente, no sólo no reparan en las consecuencias que pueden derivar para la estabilidad del sistema, sino que siquiera caen en la cuenta de que ambos gobiernan comunidades autónomas con Cajas en situación problemática... o no.
Por desgracia, ni unos ni otros tienen materia de la que presumir. El fondo de la cuestión, la legislación que ha propiciado la politización exagerada de las Cajas, es responsabilidad compartida de todos cuantos han gobernado el país desde 1977, comenzando por UCD. Su derivada, la aplicación práctica de la norma, ha sido esencialmente la misma por ambos partidos en cada Comunidad gobernada por ellos: imponiendo gestores y condicionando la estrategia de las entidades bajo su jurisdicción. E, independientemente de la contribución que cada Ejecutivo autonómico haya tenido en la gestación de las dificultades ahora manifestadas, es notorio que ni los gobernantes territoriales ni el Banco de España se han enterado lo suficiente de lo que se estaba preparando.
Volviendo al caso de Caja Madrid, la proverbial desmemoria que suele anidar tras muchos pronunciamientos no puede obviar la secuencia de los hechos. El actual presidente, Miguel Blesa, llegó a la gestión de la entidad porque el PP se hizo cargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, directamente sugerido por su amigo y compañero de cuerpo José María Aznar y auspiciado por el entonces presidente autonómico, Alberto Ruiz-Gallardón. Lo hizo sustituyendo a Jaime Terceiro, colocado en su día por el socialista Joaquín Leguina, antecesor de Ruiz-Gallardón como presidente de la Autonomía madrileña.
La cuestión estriba ahora en que la presidenta Esperanza Aguirre quiere colocar a su propio candidato al frente de Caja Madrid y Blesa se resiste apoyado en quien le nombró, hoy alcalde de la capital y pertinaz adversario de Aguirre por el control del PP madrileño. Una batalla intestina a la que se suma con entusiasmo el PSOE, deseoso de minar la hegemonía de los conservadores en el territorio, a ser posible desgastando al mismo tiempo a ambos líderes conservadores secularmente enfrentados.
Todo de lo más ejemplar y propicio para acometer de forma conjunta una situación sobrada de dificultades, por no hablar de la reforma del marco normativo que rige las cajas de ahorros que, si ya parecía oportuna hace meses, cada día se antoja más perentorio abordar.
