Suele ser verdad: quien no se consuela es porque no quiere. Así, frente a una evolución pésima del empleo el mes recién concluido, el peor febrero desde que se elabora la serie estadística (casi 155.000 parados añadidos y en torno a 70.000 pérdidas netas de afiliados a la Seguridad Social en veintiocho días), se puede argumentar que enero fue aún peor. Lógicamente, sirve de poco, en especial a los tres millones y medio de personas que quieren trabajar y no encuentran dónde ni en qué. Tampoco es útil para prever qué va a ocurrir los próximos meses. Todo lo más, da para algún titular no demasiado imaginativo.
El Gobierno disimula cada vez menos su profundo desconcierto frente a la situación. Ya no se atreve a formular pronósticos, seguramente porque todos los lanzados en el último año se han visto desbordados por una realidad todo lo peor que se empeñaban en negar. Tampoco anticipa ideas ni propuestas capaces de insuflar un poco de esperanza -ni mencionar optimismo- al conjunto de la sociedad.
En curiosa coincidencia con la difusión de las cifras de empleo -horas antes-, el Ministerio de Trabajo anunció la inmediata adopción de medidas para combatir la pérdida de ocupación: se aprobarán el próximo viernes, en la reunión ordinaria del consejo de ministros. No ha anticipado cuáles, pero lo sugerido por sindicatos y patronal, en curiosa y poco frecuente coincidencia, transmite la sensación de que no van a ser gran cosa... en línea con la mayoría de lo actuado desde que la crisis fue imposible de negar.
La enorme contradicción instalada en el seno del Ejecutivo consiste en repetir constantemente que la crisis es excepcional y, en cambio, no adoptar ninguna política que merezca idéntica consideración. Nada del extenso catálogo de medidas adoptadas hasta ahora va al fondo de los problemas ni tiene visión de alcance global. La única preocupación parece ser minimizar o paliar los daños en la medida de lo posible, pero no se percibe una orientación hacia el futuro, ninguna apuesta decidida para cambiar la tendencia declinante en que ha desembocado la situación.
La teoría reza que las épocas de bonanza económica son las más idóneas para acometer reformas; tanto más, cuanto de mayor calado sean las que se planteen. La realidad, empero, muestra que es cuando sobrevienen las crisis el momento en que existe mayor predisposición social a soportar los costes -y riesgos- que entraña toda transformación.
Hablar de la necesidad de acometer reformas estructurales en la economía española es ya un clásico, a punto de ser tópico, a fuerza de reiteración. Pero verbalizar no cambia nada ni por repetirlo desaparece la necesidad. Quiere decir que abundan las cosas pendientes de poner al día, revisar, actualizar... aunque nadie lo diría, visto que las cosas no parecen ir en esa dirección.
