La reacción de los dirigentes políticos cuando se manifiesta un caso de presunta corrupción en su partido acostumbra a ser poco edificante; en realidad deja bastante que desear. Los más recientes no han supuesto ninguna excepción.
Los socialistas catalanes (PSC) han celebrado este fin de semana una especie de convención municipalista, en plena convulsión derivada del encarcelamiento preventivo de uno de sus alcaldes más emblemáticos, un concejal y un ex diputado no precisamente del montón. Unos más, otros menos, la mayoría ha escenificado una especie de rasgamiento de vestiduras, insistido en que se trata de excepciones a la regla de la honradez dominante y sugerido toda suerte de iniciativas para lavar la imagen dañada del partido. Desde la cúpula se ha anunciado, además, la puesta en marcha de un código ético y algo así como un contrato con los ciudadanos de obligada suscripción para todo cargo electo.
Tanta proclama, sin embargo, no logra ocultar evidencias en su mayoría perceptibles desde una sociedad cada vez más inclinada a pensar que todos tienen cosas que ocultar. Suena poco creíble, por ejemplo, la propensión a no conocer a ninguno de los implicados o sospechosos de conducta irregular. De repente, resulta que nadie los avalaba, ningún dirigente apoyó su progresión, ni una sola de sus candidaturas, encabezando o formando parte de una lista electoral, se produjo avalada por los órganos decisorios. Y, por descontado, ningún recuerdo de las veces que fueron puestos como ejemplo de gestión, honestidad y honradez, individual o colectivamente, contrapuestos a todo lo contrario imputado al rival.
La verdad es que se echa en falta una actitud más cercana a eso que los veteranos códigos señalan como responsabilidad in eligendo e in vigilando, reconociendo que no se enteraron de lo que hacía su compañero ni lo supieron evitar. Podrían explicar por qué carecen de sistemas internos de supervisión sobre lo que hacen y cómo viven sus militantes aupados a un cargo. O, en el caso concreto de Cataluña y en términos más genéricos, por qué el Parlamento lleva más de seis años discutiendo la puesta en marcha de la Oficina Antifraude que ahora presentan como el remedio a todos los males, junto al reforzamiento o la reforma de otros organismos públicos de control.
En el fondo están olvidando lo más importante: la sensación creciente entre los ciudadanos de que todos los dedicados a la cosa pública sienten escaso respeto por los dineros aportados desde la sociedad. Es verdad que los que roban son en proporción muy pocos, pero más -demasiados- los que incurren en cosas que, sin ser delictivas, son susceptibles de constituir distintos grados de afrenta. Una de ellas, inflar sin medida el gasto público, a base de asesores, estudios, organismos, fundaciones y contratación de servicios de muy discutible necesidad. Es decir, orientar el desempeño público a favorecer al partido y los correligionarios, en el mejor de los casos con la misma intensidad que a favor del interés general.
