Acaso por la naturaleza de su cargo, por su personalidad o por ambas cosas, el nuevo ministro de Fomento, José Blanco, ha estrenado su cometido con mayor ímpetu que los demás. Lo está haciendo, además, con el esfuerzo de procurar marcar diferencias inmediatas con su predecesora, como en opinión de muchos reza el manual. La escenificación más evidente fueron los acuerdos alcanzados con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre: poco más de una hora de encuentro, suficiente para desbloquear una lista de asuntos que la ministra Álvarez mantenía hibernados desde años atrás. Parece que Cataluña sigue en la lista, aunque no es seguro que vaya a resultar tan bien.
Varias veces, el ministro se ha comprometido a que viajar a Barcelona -en AVE- será su primer desplazamiento oficial. La materialización, sin embargo, parece haber arrancado con mal pie. No tanto porque las posiciones entre Fomento y la Generalitat sigan alejadas en los temas más espinosos, cuanto por la idea de fijar la visita el 23 de abril: festividad de Sant Jordi, cargada de simbolismo y actos institucionales en Barcelona. La cosa ha llegado al punto de que el pasado domingo Jordi Pujol aconsejó públicamente al actual presidente catalán, José Montilla, que declinara recibir al ministro Blanco, delegando en uno de sus colaboradores, si mantenía la fecha de su visita oficial.
Carga anecdótica aparte, el episodio resulta indicativo del clima político de relaciones entre Cataluña y el Ejecutivo central, especialmente a causa del prolongado desacuerdo en materia de financiación. Aparte de eso, la agenda de asuntos que atañen directamente al Ministerio de Fomento tampoco está exenta de puntos de aguda fricción.
En materia ferroviaria, el indudable éxito de la llegada del AVE desde Madrid ha borrado en parte el recuerdo de los avatares acaecidos en el tramo final de su construcción, pero los problemas se han trasladado a la extensión de la línea hacia la frontera francesa -plazos inciertos- y la construcción de la estación de La Sagrera, sin financiación clara del proyecto y los inconvenientes y temores asociados al túnel que va a atravesar el centro de la ciudad, incluida la amenaza que muchos ven a la estabilidad del templo expiatorio de la Sagrada Familia ideado por Gaudí. Y no menos espinoso persiste el proceso de transferir la red de Cercanías, conforme a las previsiones del nuevo Estatuto.
La mayor dificultad, empero, va a estar referida al futuro del aeropuerto de El Prat. Curiosamente, la visita de Blanco va a coincidir prácticamente con el tramo final previo a la puesta en servicio de la nueva terminal (T 1), largamente reclamada como medio para equiparar la instalación barcelonesa al ampliado Madrid-Barajas y satisfacer las pretensiones de hacer de Barcelona un hub intercontinental... pero se verá probablemente empañada por el radical desacuerdo sobre el modelo de gestión.
Hay que recordar que el futuro de El Prat, esto es la asunción de su gestión plena por la administración autonómica, acabó siendo el punto de ruptura entre las fuerzas que gobernaban la Generalitat cuando la tramitación de la reforma del Estatuto, con la defección de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que acabó patrocinando el voto negativo en el referéndum de ratificación de la norma, aunque posteriormente volvió a integrarse en el Ejecutivo autonómico, hasta fecha de hoy.
La clave del tema radica en la reforma prevista de AENA, el ente titular de los aeropuertos públicos que, por lo trascendido hasta ahora, no contempla nada parecido a individualizar la gestión de las infraestructuras, sino que persiste en el modelo de ejecutarla de forma integrada, centralizada y en red. Lo cierto es que alejado de la tendencia mayoritaria en el resto de países de la Unión Europea.
Así las cosas, es probable que el arranque grato de su gestión plasmado con la presidenta popular de la comunidad madrileña despierte la nostalgia del nuevo ministro de Fomento cuando se siente a discutir con sus compañeros de Cataluña... el día de Sant Jordi o cualquier fecha después.
