A estas alturas y vista la presión de los organismos internacionales como el FMI, el comportamiento de las agencias de calificación, el Eurogrupo, la actitud de Alemania y las escasas rendijas por las que se puede distraer la evolución de los datos macroeconómicos que anuncian un previsible incumplimiento del déficit para este año incluso después de haberlo regateado abiertamente con nuestros socios del euro, no es de sorprender que los ajustes, o los recortes, se prolonguen en la dirección que el presidente Rajoy anunciaba.
Hágase lo que se tenga que hacer para que el comportamiento de nuestras políticas fiscales no sea la excusa sobre la que se asiente la presión de los mercados, esa realidad o entelequia insistente que nos juzga y examina cada día con la vara de la prima de riesgo hipotecando nuestro futuro económico al largo plazo de los intereses contraídos.
Pero, dicho esto, es difícil encajar sin una explicación sólida y convincente el anunciado recorte de poco más de cuatrocientos millones expulsando del listado de medicamentos con financiación pública aquellos más demandados por los sectores sociales con menos disponibilidad de financiación privada. Es decir, los pensionistas. Coincide este dato con el descubrimiento de un fraude en cerca de doscientas mil cartillas sanitarias que hacían pasar por gasto de pensionistas lo que no era más que un gasto de usuarios sin estar considerados en esa categoría.
España, país de picaresca, se renueva con astutos procedimientos en sus estrategias para vulnerar controles establecidos. Y eso está mal. Pero no deja de ser curiosa la insistente manía de endosar todos los males del estado a los colectivos que son más débiles con independencia de que entre ellos se produzcan las burlas al sistema, máxime cuando se acaba de promover una amnistía fiscal para defraudadores que desde luego afectan al sistema con un peso mayor en la falta de recaudación. Por no insistir en la previsible oscura procedencia del capital invitado a semejante “blanqueo”.
Se equivoca la ministra de sanidad – ya parece una costumbre en ella – cuando trata de explicarse. Lo correcto es racionalizar el sistema, sin duda, pero lo incorrecto es atribuir a ese gasto la responsabilidad de nuestros males.
Las culpas están en otros lados y esa costumbre, iniciada por el señor Solchaga a comienzos de los noventa, de situar en la esfera de la tercera edad el desvío de nuestras cuentas públicas hacía un gasto incontrolado – aquel ministro “de izquierdas” hablaba sin pudor del gasto excesivo en pañales para ancianos-, es una costumbre insolidaria, mezquina y, por supuesto, bastante ridícula, por no decir ofensiva en el país del ladrillo, las prejubilaciones de los banqueros, y el saneamiento ominoso a algunas entidades financieras que antes deberían dar muchas, muchísimas, explicaciones.
En ese sentido quizá se encuadre la valiente decisión del ´popular´ Feijoó que ha anunciado una comisión sobre las cajas gallegas y Nova Caixa Galicia.
