se congratulaba este domingo de que los organismos estatales no hubieran emprendido recursos contra la consulta no vinculante sobre la independencia de Cataluña en 166 del millar de municipios de la Comunidad, que "sólo habrían exacerbado los ánimos" ante una mera "fiesta cívica". Que la consulta, que ha contado con una notable proyección nacional e internacional y una organización de 15.000 interventores voluntarios para garantizar su funcionamiento haya sido sólo una fiesta es una retorsión del significante. Al margen del exiguo número de catalanes que ha participado en ella, la iniciativa ya ha cosechado su éxito para potenciar mas allá de lo real el sentimiento independentista y, de paso, despreciar el marco constitucional.
El referéndum celebrado este domingo en los 166 municipios catalanes sólo mereció hasta el final de la jornada el desdén desde la única voz del Gobierno que habló sobre la iniciativa, la del vicepresidente tercero, Manuel Chaves. "No tiene ningún valor" y "sólo es propagandista", dijo, como si el que no sea vinculante le despojara de toda significación política. Lo mismo había adelantado el presidente Zapatero el pasado viernes y lo volvió a repetir en Bruselas al final del día: "Objetivamente, [las consultas] no van a ningún sitio". No hubo, pues, ni sonoras declaraciones ni sesudos análisis. Tampoco autocrítica ante el escenario abierto. El honorable Montilla no se refirió al acontecimiento y optó por presidir la inauguración de la línea 9 del metro que unirá Barcelona con Santa Coloma de Gramanet, mientras estaban abiertas las urnas. Simplemente, comparó el nuevo trayecto ferroviario con "la línea de horizonte del autogobierno" que marca el Estatut.
La participación no ha sido abrumadora; ha alcanzado, según los organizadores, la cifra pretendida: El 30 por ciento de los 700.000 ciudadanos de los 166 municipios. Pero abrió los telediarios nacionales y los diarios digitales y mereció la atención de medios internacionales en Gran Bretaña, Francia, México y Noruega que siguieron el proceso desde Cataluña. También ha sido objeto de diversos análisis por la BBC, Financial Times, Le Monde o Libération.
"Ningun valor", reiteraba el vicepresidente Chaves, pero debió decir, en todo caso, "ningún valor jurídico". "No van a ningún sitio", repetía Zapatero. Tampoco fue irrelevante la organización de las votaciones. Un total de 15.000 voluntarios velaron para que el proceso se desarrollara "con garantías de normalidad", según los portavoces de la coordinadora, y además, una treintena de "observadores internacionales" (desde Escocia y Quebec hasta Galicia) vigilaron el proceso.
El PSOE y PP reprobaron la iniciativa pero con tono templado. Se resaltó que el acto tiene sus límites: la consulta se ha votado en municipios donde se concentra especialmente el voto nacionalista y que suponen el 10 por ciento del electorado catalán.
Pero entre los defensores, el fervor independentista se propagó. CDC, que respalda junto a ERC la Consulta, advirtió del "aviso" para España "si no nos escucha". "Si España no acepta una relación confederal, un Estado plurinacional -dijo Felip Puig, de CDC-, mucha gente empezamos a preguntarnos hacia dónde hemos de ir en el futuro". Desde la izquierda republicana, Joan Puigcercós adelantó que las aspiraciones de Cataluña "no caben en la Constitución", y que ya es "intrascendente" lo que diga el Tribunal Constitucional.
Y mientras se desbloquea el empate en el Tribunal Constitucional sobre la sentencia del Estatut, nuevas encuestas presagian el aumento del independentismo al 50 por ciento de los catalanes, desde un 30% que daban las anteriores (otra cosa sería la hora de la verdad). Porque no debe haber puertas en el campo, decían los entusiastas. Sobran análisis, pues el Gobierno calla y la Justicia espera.
