El primer ministro saliente de Israel, Ehud Olmert, fue tajante: "El Gobierno no accederá bajo ninguna circunstancia a las exigencias de Hamas". La exigencia o exigencias del movimiento islamista son claras: la liberación de 1.500 presos palestinos concentrados en cárceles de Israel y culpables de una serie de atentados y asesinatos en el país hebreo. El canje de estos presos debería realizarse a cambio de la libertad del soldado Gilad Shalit, apresado por los extremistas palestinos en junio del 2006.
Olmert ha sido objeto de feroces presiones por parte de sectores de la opinión pública, empezando por la familia del soldado cautivo, pero se mostró intransigente a la exigencia de Hamas.
La opinión pública israelí es unánime obviamente en desear la liberación del soldado Shalit, pero esa unanimidad sólo es comparable con la negativa al canje por los prisioneros palestinos. La sociedad israelí vive, pues, en la paradoja de desear algo ardientemente que no podrá realizarse en modo alguno.
Las consecuencias de esta paradoja son fáciles de imaginar. El chantaje de Hamas traerá consigo la eliminación de cualquier alternativa de tregua o paz en la frontera con Gaza y, por supuesto, bloqueará la apertura de los cruces fronterizos con Egipto aislando a una población de más de un millón de personas en un territorio asolado por la guerra reciente con el vecino israelí y que intenta a trancas y barrancas reconstruir sus principales infraestructuras.
Todas las alternativas a la liberación de los presos, tales como la deportación de decenas de ellos a países árabes, han fracasado ante la testarudez de Olmert, que en el futuro, cuando su sucesor, Benjamin Netanyahu, asuma el poder en las próximas semanas, será todavía más firme. El canje de uno por mil resulta obviamente para los palestinos y los familiares de los presos un asunto crucial, y lo mismo cabe hablar de los 10.000 palestinos encarcelados, detenidos o retenidos en Israel por actividades directa o indirectamente relacionadas con el terrorismo en el interior del Estado judío. Pero ninguno de los partidos políticos del atlas parlamentario israelí ni la opinión pública en general parecen dispuestos a un compromiso que entrañe la libertad para los palestinos encarcelados. Sobre ese asunto no hay bromas y obviamente quienes van a pagar más directamente el coste de un no-acuerdo serán los millones de habitantes de Gaza y Cisjordania sometidos a severa vigilancia por parte del Tsahal, el temible ejército de Israel. En los momentos actuales es muy difícil, por no decir imposible, que el acuerdo entre unos y otros pueda implementarse.
