Un pago de Alierta a Urdangarín destapa irregularidades en el entramado Nóos

La Fundación DCIS no anotó un cobro de 60.000 euros en el llamado Modelo 347, lo que permitió a Hacienda detectar esa operación

Por qué Telefónica persiste en contar con los servicios de Iñaki Urdangarín, que en diversos actos se ha presentado a sí mismo como “chairman” –presidente o portavoz- de la compañía en EEUU, es un aspecto espinoso y todavía por desvelar. Como lo es por qué Alierta y su equipo pagaron 1,09 millones de euros entre 2003 y 2009 a tres piezas del entramado Nóos: Nóos Consultoría SL (597.131 euros), Instituto Nóos (406.000) y la más oscura de todas, Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (DCIS), a la que, según el informe de Hacienda elaborado por orden del juez, Telefónica declaró haber pagado 60.000 euros en 2007. Fundación DCIS no anotó ese cobro en el llamado Modelo 347 de Hacienda, que computa ventas (cobros) y compras (pagos) superiores a 3.000 euros. Pero Telefónica sí reflejó el pago. El cruce de datos es el que permitió a Hacienda detectar esa operación, de contenido desconocido y características más que comprometedoras: principalmente, porque Fundación DCIS fue la pretendida ONG cuya propietaria es la empresa De Goes. Y De Goes es la mercantil utilizada para sacar de España 470.000 euos que, presumiblemente, acabaron en cuentas opacas de Luxemburgo.

A cambio de qué trabajos desembolsó Telefónica 1,09 millones de euros con destino a Instituto Nóos, Nóos Consultoría y Fundación DCIS persiste como uno de los interrogantes del caso. Pero, sea cual sea la respuesta, el informe de Hacienda acredita que la relación de Telefónica con Urdangarín no se remonta a 2006 sino a 2003. Y, sobre todo, el informe demuestra que Telefónica siguió pagando a Nóos Consultoría después de 2006, pese a que supuestamente Urdangarín ya había vendido su 50% en esa mercantil a la mujer de su socio, Diego Torres. Respecto a la Fundación DCIS, la entrada en escena de Telefónica como pagador de 60.000 euros que la ONG no declaró, afianza la tesis de Anticorrupción: que, en contra de su versión, Urdangarín sí participó activamente en esa entidad; pero que lo hizo desde un segundo plano que le evitaba figurar en sus órganos sociales y constar solo como presidente de su consejo asesor, un órgano sin carácter ejecutivo.

El hermetismo de Telefónica impide conocer con exactitud el importe de las retribuciones anuales del duque desde 2006. Sólo ha trascendido la suma relativa a 2010 y no porque la desvele la compañía sino porque entre los documentos intervenidos figura una reclamación de la Hacienda estadounidense a Urdangarín por discrepancias sobre la cifra sujeta a tributación. Ese documento señala que a los más de 900.000 euros que Urdangarín cobró ese año de Telefónica Internacional hay que sumar otros 430.000 abonados por sus servicios en España, Brasil y México.  

La investigación dirigida por el juez José Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach apunta a que Urdangarín no rompió con Torres en 2006 –cuando la Casa Real le ordenó hacerlo- sino a mediados de 2008. A partir de ese momento, el duque de Palma hace la guerra comercial en solitario. Y, desde luego, sus negocios no se interrumpen. Ni dentro ni fuera de España. Y es en el extranjero donde la información incautada a la trama coloca contras las cuerdas a Telefónica y su código ético.

En un e-mail fechado el 28 de enero de 2009, Urdangarín comunica a su contable la contratación de un empleado en la empresa Aizoon, aquella cuya propiedad comparte al 50% con la infanta. Ese empleado es Mario Sorribas, su hombre de confianza y cuya misión define así el duque en su misiva electrónica: "Su primer objetivo será la consecución de un proyecto en Brasil".   A qué proyecto se refería el exjugador de balonmano no se sabe, ni en cuánto contribuyó a incrementar la facturación de Aizoon, suponiendo que los trabajos llegaran a hacerse y que la compañía los declarase en España.

Pero el nexo brasileño no acaba ahí. Porque fue en Telefónica Brasil donde el aristócrata consorte tuvo como director homólogo a Juan Carlos Ros, un abogado ligado a Telefónica desde los noventa y, formalmente, propietario desde 2011 de la empresa Roakadvice SL. El nombramiento de ambos se produjo el 29 de marzo de 2007, y así consta en los documentos depositados por la compañía ante la SEC (Securities and Exchange Comission), el equivalente de la CNMV en EEUU.

Cuquerella, la secretaria de Telefónica

El objeto social de Roakadvice es justamente el asesoramiento en materia de telecomunicaciones. Su domicilio se localiza en Barcelona. Y sus gestiones ordinarias están en manos de Julita Cuquerella, la secretaria que, oficialmente y según Telefónica, sólo tiene por misión dar asistencia al duque de Palma. Cuquerella, quien declarará como testigo ante el juez el próximo día 20, fue quien en 2011 envió varios correos electrónicos al contable de Urdangarín y de la trama Nóos, Marco Tejeiro, con datos relativos a las dietas cargadas por Ros Brugueras como gastos de Roakadvice. Por qué lo hizo es un misterio: según Telefónica, Cuquerella no trabaja con Ros, que en noviembre salió del consejo de Telefónica Brasil. Pero, según la secretaria, Ros también es su jefe. Como Urdangarín.

Desde que el caso estalló el 7 de noviembre, la situación procesal de Urdangarín ha ido siendo cada día más tormentosa. Su declaración como imputado, prestada los días 25 y 26 de febrero y en la que endosó a su socio la completa responsabilidad  financiera, contable y de gestión del entramado Nóos ha terminado por afianzar en el juez una sospecha: que el marido de Cristina de Borbón miente.  El magistrado ha ordenado investigar sus cuentas bancarias. Y, por supuesto, el pago en una cuenta abierta en unas oficina de Credit Suisse en Laussane a nombre de Alternative General Services Ltd. Los datos aportados a la causa apuntan a que fue a través de esa cuenta como Urdangarín cobró 375.000 euros de Aguas de Valencia. Aunque las pesquisas siguen abiertas, los investigadores se barruntan que el duque no tributó en España por esa cantidad, aunque la cuota defraudada no habría llegado en ningún caso a 120.000 euros, el mínimo a partir del cual hay delito fiscal. El rastreo en Suiza no ha finalizado.

El  juez todavía no ha atribuido delitos concretos a ninguno de los imputados, pero Anticorrupción entiende que fueron cuatro los cometidos: malversación,  falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación. En los tres primeros, penados con cárcel  -hasta ocho años el de malversación-, Urdangarín y Torres aparecerían como autores. En el último, castigado sólo con inhabilitación para cargo público, el tándem habrían actuado como cooperadores necesarios.

La Fiscalía también investiga ahora si la trama pudo haber incurrido en un delito de blanqueo de capitales, igualmente penado con cárcel.

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