ENTRE 2007 Y 2013

Las multas de tráfico aumentan un 80% durante la crisis

Se ha recaudado un total de 29 millones de euros, frente a los 16 millones que se registraron entre los años 2000 y 2006, según destaca el estudio 'Multas de Tráfico'

Un agente de la Guardia Civil da el alto a un vehículo.
Un agente de la Guardia Civil da el alto a un vehículo.
Las multas de tráfico aumentan un 80% durante la crisis

Las multas de tráfico han aumentado un 80 por ciento durante los llamados años de la crisis (entre 2007 y 2013), en los que se ha recaudado un total de 29 millones de euros, frente a los 16 millones que se registraron entre los años 2000 y 2006, según destaca el estudio 'Multas de Tráfico, ¿recaudación o reeducación?', elaborado por la Fundación Línea Directa.

Esta situación se produce a pesar de el descenso de la movilidad y el estancamiento del parque de vehículos, ha recordado el director general de la fundación, Francisco Valencia. Sin embargo, ha indicado que las causas de este fenómeno "tan complejo" no se deben achacar únicamente a la intención recaudatoria, sino "al endurecimiento del sistema sancionador que supuso la entrada en vigor del carné por puntos y que, junto con otras medidas, ha posibilitado una reducción del 65 por ciento en el número de fallecidos".

En este sentido ha destacado que coincidiendo con la puesta en marcha del carné por puntos se registra un repunte sancionador (en el año 2011) que en los dos años siguientes se estabiliza e, incluso, se produce un decrecimiento de las sanciones.

Con su estudio, Fundación Línea Directa también acaba con el mito de que la Dirección General de Tráfico (DGT) es la Administración que más recauda y más sanciona, como cree el 60 por ciento de los encuestados. Así, los datos demuestran que los ayuntamientos sancionan hasta 6 veces más que a DGT, hasta alcanzar el 75 por ciento del total de las multas de tráfico, un porcentaje equivalente a 26 millones de sanciones al año. El departamento que dirige María Seguí tramita el 15 por ciento del total de las denuncias.

Lo que más se sanciona es la velocidad

Por tipología, el exceso de velocidad es la conducta más sancionada, con un porcentaje algo superior al 50 por ciento. Respecto a este comportamiento, uno de cada diez conductores cree que los radares están situados para "cazar", a pesar de que, como recuerda Valencia, "los radares fijos están señalizados desde hace años" y "desde hace poco la DGT ha dado visibilidad a los móviles".

En el ránking de las sanciones más impuestas, el segundo lugar es para las multas por aparcamiento (38%) y a más distancia, el incumplimiento del deber de identificar al conductor en caso de pérdida de puntos.

Otras de las multas más comunes son, no respetar las señales verticales y los semáforos, conducir hablando por el móvil, circular sin haber pasado la ITV y circular sin cinturón. En este sentido, Valencia apunta a que la conducción manejando aparatos electrónicos es más común de lo que representa este ranking pero, a su juicio, "es una práctica muy difícil de detectar". "Si hubiera una tecnología que pudiera captar quien va hablando por teléfono en el coche, ya veríamos", ha reconocido.

En cuanto al perfil del sancionado es el de un hombre de 35 a 44 años, con experiencia como conductor y reincidente. De hecho, casi 1,2 millones de conductores han sido sancionados más de 5 veces. El importe medio de las sanciones asciende a 208 euros.

En tema de sanciones, el trabajo también destaca un aumento de no tolerancia hacia la conducción bajo el efecto de alcohol y drogas. De hecho, el informe recoge que 8,2 millones de personas son partidarios de la 'tasa 0' de alcoholemia (en su mayoría mujeres y entre 25 y 44 años).

Los lugares donde se multa más

La Fundación Línea Directa ha dibujado un mapa de España para conocer cuáles son las administraciones que más sancionan a los conductores. Para ello, se han analizado todas las multas registradas y aportadas por la aseguradora Línea Directa durante los últimos cinco años (2009-2014).

De acuerdo con los resultados del análisis, aproximadamente el 3 `por ciento de los vehículos que circulan por las carreteras son sancionados cada año. Por organismos, las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Teruel (32,3%) y Cuenca (20,9%) y el Servei Territorial de Trànsit de Girona (13,7%), son, proporcionalmente, los organismos que más multan "por su situación como provincias de paso", según ha valorado el director general de la fundación.

En el lado contrario se sitúan las Jefaturas de Almería (1,18%), Zamora (1%) y Álava (0,26%), con una frecuencia muy inferior a la media nacional y, siguiendo la línea de la explicación anterior, Valencia apunta a que se tratan de lugares como "fin de trayecto".

Por su parte, Barcelona, Madrid y San Sebastián copan los primeros puestos del 'Top 10' de ayuntamientos donde más se sanciona a los conductores. En la Ciudad Condal, ocho de cada 10 vehículos que circularon por sus calles el año pasado han sido multados, un porcentaje muy parecido al de Madrid (74%).

Por otra parte, el estudio apunta que los españoles son muy claros en su opinión sobre las multas: tienen una intención eminentemente recaudatoria, según el 92 por ciento. Esta cifra equivale a casi 24 millones de personas.

Además, destacan como uno de los principales problemas relacionados con las sanciones de tráfico "la indefensión a la hora de recurrir". Sólo el 8 por ciento de los conductores sancionados creen que hay garantías para reclamar y el 70 por ciento se acoge a la reducción por pronto pago porque creen que es muy complicado ganar.

Pero los conductores no se limitan a quejarse, ya que también proponen soluciones distintas, muchas de ellas en clave social. De hecho, la mayoría de los conductores españoles (52%) está a favor de imponer multas de tráfico en función de la renta y el 20 por ciento (5,2 millones de conductores) considera que las multas contribuyen a reducir la siniestralidad. Finalmente, el 98 por ciento son partidarios de que la Administración destine el dinero recaudado a mejorar la seguridad vial, algo a lo que la DGT está obligada por ley, pero no los ayuntamientos.