POLÉMICA DEL 12-O

El juez revisará las cámaras del Ayuntamiento de Badalona para aclarar quienes incurrieron en delito

El auto reclama también a la Guardia Urbana de Badalona que identifique a los agentes de policía que pudieron prestar servicio el pasado 12 de octubre o que comparecieron en las dependencias municipales a lo largo de la jornada

El juez que investiga al equipo de gobierno de Badalona (Barcelona) por desoír la prohibición judicial de abrir al público el 12 de octubre pasado ha ordenado al Ayuntamiento que conserve las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron los accesos al consistorio.

En su auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 4 de Badalona cita a declarar como investigados a seis concejales del equipo de gobierno y acuerda otras diligencias para aclarar si los miembros del equipo de gobierno incurrieron en un delito de desobediencia al desoír el auto judicial que les prohibía abrir sus puertas el Día de la Hispanidad.

Concretamente, el magistrado pide al Ayuntamiento de Badalona que realice las "actuaciones necesarias a fin de conservar las imágenes" que registraron el pasado 12 de octubre las cámaras de seguridad instaladas en los accesos públicos y principales edificios de la plaza de la Vila, donde está la sede consistorial.

El auto reclama también a la Guardia Urbana de Badalona que identifique a los agentes de policía que pudieron prestar servicio el pasado 12 de octubre o que comparecieron en las dependencias municipales a lo largo de la jornada.

Además, el juez solicita a varios medios de comunicación que aporten a la causa todas aquellas imágenes y declaraciones que captaron en los edificios del consistorio, entre ellas las del concejal José Téllez, de la CUP, que rasgó ante las cámaras el auto del juez de lo contencioso que prohibía al Ayuntamiento abrir el 12 de octubre.

Téllez es uno de los seis concejales del equipo de gobierno de Badalona que el pasado 12O acudieron al edificio consistorial a atender al público y que han sido citados a declarar como investigados para la próxima semana.

El juez inició la causa penal raíz de la denuncia presentada por el PP de Badalona, que se adelantó así a la Fiscalía, que el mismo 12 de octubre tenía decidido abrir diligencias para investigar a los concejales, aunque ahora deberá ceñir sus pesquisas al proceso judicial en marcha.

En el acuerdo que la Delegación del Gobierno impugnó ante el juez de lo contencioso, el Ayuntamiento de Badalona acordaba abrir sus puertas y dejar en manos de los concejales la decisión de acudir a su puesto de trabajo y recuperar el festivo del 12-O en otra ocasión.

El juez de lo contencioso dictó unas medidas cautelares que impedían al consistorio abrir al público -y que ratificó después del 12-O tras escuchar los argumentos del Ayuntamiento y del Gobierno-, al entender que ello colocaría a los trabajadores municipales en la tesitura de significarse políticamente.

Otro de los argumentos del juez de lo contencioso es que la festividad del 12 de octubre obedece a "razones sociales y culturales, que reflejan un interés general, social o colectivo en su celebración", por lo que debe ser respetada.