LA GUERRA DE LOS COMISARIOS

Las dietas de la “Policía patriótica”

Los dosieres y las informaciones interesadas cruzadas en la guerra entre comisarios tienen un contrapunto objetivo. El juez tiene a su disposición la relación de dietas y comisiones de servicio de policías en Cataluña, para saber qué agentes han estado implicados en cada investigación. Fuentes del cuerpo piden también un análisis forense del nuevo pen drive del caso Pujol.

El anterior DAO de la Policía, comisario principal Eugenio Pino. | EFE
El anterior DAO de la Policía, comisario principal Eugenio Pino. | EFE
Las dietas de la “Policía patriótica”

Todos los movimientos de comisarios y agentes de las unidades centrales y de Inteligencia de la Policía en Cataluña están registrados en los archivos administrativos de la Policía, en los que se lleva recuento de las dietas y comisiones de servicio de los agentes de los servicios centrales que se desplazan a cualquier punto del país. Éste es el dato clave a disposición del juez para determinar qué agentes y qué comisarios realmente intervinieron en las investigaciones de presuntos delitos de corrupción en Cataluña, como el Caso Pujol. La guerra desatada entre comisarios se está librando en torno a este caso, en el que la intervención del comisario Villarejo y la del también comisario principal Martín Blas parece sustancial y controvertida.

“Ahí están todos los que han hecho cosas en Cataluña”. Una fuente interna de la Policía explica a Estrella Digital la situación de desconcierto en las unidades operativas de investigación de primera línea ante la última batalla de la llamada “policía patriótica”, como se conoce al grupo de poderosos comisarios que se agruparon en torno a la figura del exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Los dosieres sobrevuelan Madrid e inundan ciertos periódicos digitales.

Las mismas fuentes consideran imprescindible hacer un análisis forense del pen drive recientemente entregado al juez del Caso Pujol, que estaba, según la versión policial, “olvidado en un cajón”. Este análisis forense puede determinar tanto los metadatos de los archivos, como los ordenadores por los que ha ido pasando.

Jorge Fernández Díaz era un diputado raso por Barcelona, en los largos años de las legislaturas de Zapatero. En Barcelona estaba operando por aquellos años José Villarejo, el comisario Villarejo, no está claro si en comisión de servicios o en excedencia. Sí está reconocido que en contacto con la agencia Método 3. Y era la época dorada de Método 3, la agencia de detectives que, bajo la dirección de José Marco, pasó a ambos lados de la línea del equilibrio político, que saltó por los aires cuando se supo la grabación de una comida entre Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez, novia del primogénito de Jordi Pujol en La Camarga.

Si alguien se preguntó por qué los hombres clave del todopoderoso JAG –Juan Antonio González–, el supercomisario General de Información de Rubalcaba siguieron en la cúpula de la Policía con la llegada del PP, la respuesta está en Barcelona.

También en Barcelona se llevó el peso de la investigación del Caso Noos, que implica directamente a Iñaki Urdangarin, un asunto al que parece que este grupo de policías de élite no es ajeno del todo. Urdangarin sufrió el hackeo de sus cuentas de correos electrónicos, que se hicieron públicos, con la intervención de un técnico de la órbita del CNI.

En el fondo de esta guerra de dosieres, policías y sus satélites periodísticos, hay una batalla más sorda, entre el CNI y la Policía. Aunque varias fuentes la personalizan entre el veterano director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, y el comisario José Villarejo. De acuerdo con estas fuentes, Sanz Roldán cierra filas junto al rey Juan Carlos de Borbón y su órbita, mientras Villarejo y su círculo –entre ellos algún importantísimo empresario español– están enemistados con el rey ‘emérito’.

Según esta interpretación, los dosieres que han erosionado la última etapa del reinado de Juan Carlos I podrían, al menos parcialmente, provenir de este grupo de influencia, con especial relevancia a Noos y Corina. No solo el rey Juan Carlos es uno de los perjudicados, sino que este grupo está también tras las pesquisas sobre el ático del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, entre otros casos escandalosos que han conmovido a la opinión pública, casi siempre contra políticos con peso en importantes adjudicaciones.

Pero fue el Caso Pequeño Nicolás, un asunto aparentemente grotesco, lo que desveló el trasfondo de esta guerra, el primer tiro de la batalla. Los elementos claves son Eugenio Pino, el director Adjunto Operativo (DAO); José Villarejo, según algunas fuentes –porque ni siquiera eso está claro– jefe de la Unidad de Inteligencia de la Policía; Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo –quienes hacen grabaciones subrepticias–; por otro lado, Martín Blas, jefe de la unidad de Asuntos Internos. Detrás, varios mandos auxiliares de los anteriores. García Castaño y Villarejo dependían directamente del DAO de la Policía. Ambos están relacionados con el Caso Pequeño Nicolás y ambos grabaron subrepticiamente a Ignacio González cuando lo citaron en una cafetería madrileña para hablar amistosamente de su ático.

Pero hay otra unidad policial clave en esta guerra, mucho menos conocida por la opinión pública que la Udef o la Udyco. Se trata de la Brigada de Apoyo Operativo (BOA), cuyas instalaciones están fuera de los grandes complejos policiales de Madrid, como Canillas o Moratalaz. Se trata del grupo de policías que hacen de enlace entre la Policía Nacional y el CNI, al que proporcionan apoyo operativo. Esta unidad está fuera del control operativo, del DAO, sí del control orgánico. El control operativo, según fuentes internas, es del CNI.

La amenaza de hacer públicos presuntos dosieres ocultos ha estado latente en el ambiente de Madrid y en el interior de la Policía. Es en este contexto en el que habría aparecido la última información sobre la relación entre Bárbara Rey y Juan Carlos de Borbón.

Toda esta guerra pasó ante el despacho del anterior director General de la Policía, Ignacio Cossidó, sin que se haya conocido su postura ni medida alguna para detenerla. No parece que vaya a ser el caso de Germán López Iglesias, director general del cuerpo y de la más estricta confianza del ministro Juan Ignacio Zoido. Ya ha salido del esquema jerárquico el comisario principal Eugenio Pino, sustituido por Florentino ‘Tino’ Villabona, un policía de enorme prestigio en el cuerpo. También se ha ido, entre grandes muestras de dolor entre ciertos medios, Enrique García Castaño, el “fontanero” de la Policía, tras largos años de servicios distinguidos.

De momento, como en las guerras, la primera baja no es la verdad, sino la credibilidad de la Policía, en entredicho en medio de esta batalla de la “Policía patriótica” de Fernández Díaz.