JAVIER MAROTO, VICEPRESIDENTE PRIMERO

Creada la subcomisión del pacto de Estado en materia de violencia de género

El Parlamento ha constituido hoy la subcomisión que se encargará de evaluar la reforma de la ley integral de violencia de género y proponer las medidas necesarias para mejorar la lucha contra esta lacra

 El Parlamento ha constituido hoy la subcomisión que se encargará de evaluar la reforma de la ley integral de violencia de género y proponer las medidas necesarias para mejorar la lucha contra esta lacra con el objetivo de alcanzar un pacto de Estado.

Todos los grupos parlamentarios firmaron la propuesta para crear esta subcomisión, dentro de la Comisión de Igualdad, y entre sus cometidos está el de elaborar y aprobar un informe, en el plazo de cuatro meses, que identifique y analice los problemas para avanzar en la erradicación de esta lacra, incluyendo propuestas de reformas.

La subcomisión está integrada por tres representantes del grupo Popular, dos del socialista, dos del grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y un representante de cada uno de los restantes grupos parlamentarios.

En la reunión de constitución de este órgano, celebrada después del Pleno de hoy, se ha acordado además el nombramiento como vicepresidente primero de Javier Maroto, en sustitución de su compañera Pilar Cortés.

La subcomisión recabará cuanta información y documentación precise de las administraciones públicas y de autoridades, organizaciones y expertos y propondrá las comparecencias de autoridades, agentes del sector u organizaciones que le permitan evaluar las posibles propuestas.

Una vez aprobado el informe, se remitirá al Gobierno para que, en el plazo máximo de dos meses, lo someta a acuerdo con los representantes de comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, Administración de Justicia, asociaciones sindicales y empresariales y organizaciones civiles.

Respecto a las medidas que supongan la modificación de leyes, se remitirán a las Cortes Generales antes de seis meses para su tramitación.

El acuerdo alcanzado por todos los grupos también establece la creación de una comisión de seguimiento que se reunirá "siempre que lo requieran las circunstancias" y en todo caso una vez al año con el fin de evaluar los acuerdos alcanzados, cuya aplicación será revisada cada cinco años.