Quien tiene como sistema poner la carreta delante de los bueyes acaba siempre con la carreta atascada en el bancal. El problema se evidencia especialmente cuando se trata de negociar con los nacionalistas, tanto los llamados democráticos como los de discurso terrorista. Así, proponer a los nacionalistas catalanes condiciones tales como nación y lengua, imposibles de cumplir por razón de ley constitucional; o hacer lo mismo con los nacionalistas vascos del entorno etarra, para reinstalarlos en las instituciones, por razón de norma ordinaria, como la desactivada Ley de Partidos.

Se trataría ahora de aceptar que el término nación figure en el preámbulo del Estatuto de Cataluña, luego de que se haya pactado ya la obligatoriedad de conocer la lengua catalana. Lengua y nación son los conceptos sobre los que se asienta el soberanismo nacionalista.

Propuso y alentó Rodríguez, para mantener la estabilidad parlamentaria de su Gobierno, que se aceptaría en Madrid el Estatuto que elaborara en Barcelona el Parlament. Y desde tales premisas de “generosidad política”, el cuatripartito elaboró una pieza de máximos, supuestamente federal pero confederal de hecho, y abierta, en todo caso, a cualquier hipótesis de secesión.

Habiéndose montado el actual escenario de desconcierto nacional, un presidente incapaz de volver sobre sus indebidos pasos y un PSOE estructuralmente roto y con la identidad perdida se ven ahora en la tesitura de lograr “un acuerdo como sea”. Todo en una deriva negociadora, para la nación y para la lengua, de posibilismo anticonstitucional.

Es algo de lo que habrán de responder —y no ciertamente ante Dios y ante la Historia— este Gobierno y el partido al que representa. En democracia de libertades sólo se responde ante las leyes. Y algo debería de pasar, a este respecto, por las responsabilidades contraídas cuando se juró o prometió cumplirlas (las leyes) y hacerlas cumplir.

No existe en nuestro ordenamiento, tal como está configurado en el norteamericano, ese desaforamiento o específico procedimiento de retirada de la inmunidad presidencial, allí llamado impeachment, mediante el cual se forzó la dimisión del presidente Nixon, por saltarse la ley con el espionaje que hicieron los fontaneros de la Casa Blanca, en el hotel Water Gate, al aparato electoral de los demócratas. Aquí el salto ha sido de mayor y distinta magnitud.

El correctivo electoral supone plazos de justicia política desacordes, por lo demorado, para drenar y resolver, adecuadamente, la inquietud social que producen comportamientos políticos como los actuales del Gobierno y su partido, para encontrar “como sea” acuerdos con sus socios parlamentarios.

La sociedad civil precisa de las instituciones democráticas procedimientos ad hoc para responder en tiempo útil a los desafueros, reales o aparentes. El derecho de manifestación y la libertad de expresión responden de forma genérica a esta necesidad, aunque no la cubren enteramente por sí mismos. Resulta muy patente la relevancia de este problema en aspectos de la crisis como los derivados de la aventura catalana, por no consistir ésta en reforma de un Estatuto, sino de inducido cambio de la Constitución. Pues no se trata realmente de reforma estatutaria, propia de una ley orgánica derivada de la Ley Fundamental, sino de un producto legislativo extraconstitucional, de soberanía autónoma y distinta de la del pueblo español.

En este orden de cosas, de alguna forma habrá que regular suficientemente, por imperativo democrático, el derecho de expresión de los militares cuando, al igual que los demás españoles considerados en términos de sociedad civil, sólo pueden protestar y opinar mientras las elecciones llegan.

En Estados Unidos se consideraría cosa de locos que los militares se pronunciaran colectivamente sobre materias políticas, de nivel ordinario o de alcance constitucional, aunque respecto de estas últimas se entendiera o temiese que eran alteradas en su observancia o modificadas ilegalmente por el Ejecutivo, al margen de los procedimientos establecidos para ello.

Pero allí, en Estados Unidos, se dispone del impeachment y no se preceptúa en la Constitución que las Fuerzas Armadas sean las garantes de los bienes supremos, como la libertad y la unidad nacional, consagrados en ella.

Toda política del Ejecutivo en un sistema democrático, especialmente la que concierne a los derechos fundamentales, ha de estar techada por el Derecho, cumpliendo y hacer cumplir las leyes. El derecho gubernamental de iniciativa no incluye la facultad de saltárselas a la torera.

El ruido militar de ahora no es un ruido de sables, sino el eco del grave desbarajuste gubernamental, entre el que se incluye el del Ministerio de Defensa.