No se trata de maneras distintas de hablar lo mismo porque, históricamente, el valenciano se hablaba ya en propio espacio antes de la conquista de Valencia por Jaime I, quien al darle los fueros a los valencianos ordenó que se escribieran en la lengua de éstos. Y fue precisamente el hallazgo, en el último tercio del siglo XIX y en los Archivos de la Corona de Aragón, del Llibre dels Repartiments ( Protocolo de Repartos), el origen de un error de intrpretación del que se derivó después el problema en el que estamos.

Era un tal Bofarull, aficionado a la Paleografía y la Historia, sin mayores saberes sobre el particular, quien encontró el tal documento, donde sólo se podían leer nombres catalanes de una lista donde la mayoría del total estaban tachados, por lo que resultaban ilegibles y no identificables. Bofarull ignoraba la naturaleza del documento: censo de beneficiarios, por méritos de campaña, del reparto del territorio valenciano entre los conquistadores. Tachados de la lista estaban quienes – aragoneses, navarros y algunos castellanos - aceptaron el reparto; sin tachar, legibles, quienes pr la razón que fuera no lo hicieron.

La precisión es del profesor Antonio Ubieto Arteta, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Valencia, ciudad de la que hubo de marchar tras publicación del opúsculo en que se hacía la precisión, por el acoso de los pancatalanistas locales de la izquierda valenciana, confundida a su vez en la identificación, como supuestos correligionarios, de los socialistas catalanes, cuando en realidad éstos eran y son nacionalistas emboscados en el PSOE. Pactos lingüísticos posteriores del PP con CiU acabaron de enredar la madeja.

La confusión de Bofarull, recogida por el viento de la Renaixensa y multiplicada por el nacionalismo burgués, nutre ahora los sueños imperiales de la izquierda aburguesada y los delirios del independentismo de expresión directa, encamados en el Tripartito catalán,que impuso en la Unión Europea la oficialidad de lenguas internamente cooficiales con el español, que supera en más de 350 millones de hablantes su función doméstica de “lingua franca”.

Fuera ya de la digresión sobre el contexto nacional de las palabras del ministro Montilla, conviene advertir, que de no haberse incluido segundas lenguas de España no se habría impuesto la reducción en Bruselas de 101 a 67 el número de traductores comunitarios en español. No hay ocasión en que no se cubran de gloria la diplomacia moratina y el Gobierno en que se integra. Lo que se pierde en prestigio y peso específico se paga en desengaños y lamentos como los del ministro de Industria, que eso sí, se ha dado el gusto y tenido el honor de ser el primero que habla catalán en las instituciones de Bruselas. La reducción de la cuota de traductores en español, equiparándola a la del maltés, equivale a la reducción de la propia España.

Todavía habrá quien crea que la broma de los nacionalismos, especialmente en Europa, va a salirnos gratis total, como aquellos pasajes oficiales de antaño en Transmediterránea.