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      Director: Armando Huerta   25-VII-2008 /nº.3.632 Año X 

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Suceso bélico, la guerra secreta de Rodríguez


José Javaloyes
Ha criticado el PP la gestión oficial de las muertes militares españolas en Afganistán, la sobreactuación mediática –por el presidente Rodríguez y por el ministro Bono, titular de Defensa– en sus intervenciones sobre el trágico particular. Ha pedido la Oposición popular la comparecencia presidencial en el Congreso de Diputados, por razón de proporcionalidad entre la magnitud y contexto de lo sucedido y el plano de atribución de responsabilidades políticas. Que las hay. Pero las críticas del PP han sido flanqueadas, y aun precedidas, por las denuncias de IU sobre la índole bélica del suceso.

Las versiones profesionales, entre ellas la de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), menos que denunciar el oscurantismo oficial, atribuyen el incidente catastrófico al alto riesgo que, contextualmente, por razón de escenario bélico, implicaba la prueba de capacidad a que se sometía el helicóptero: verificar su operatividad con el máximo teórico de carga, en hombres y armamento.

Aquella prueba no se efectuaba en escenario propio de una misión de paz. No se trataba de verificar las capacidades técnicas del aparato en medio de peligros virtuales; sino de operar en otro ámbito de prueba: con riesgos no reconocidos ni declarados. Riesgos bélicos, efectivos y reales. Por tal razón, el aparato volaba a muy baja cota: a menos de diez metros del accidentado suelo. Es decir, buscando la mayor desenfilada posible, hurtando el bulto a eventuales francotiradores, armados con cohetes o ametralladoras pesadas. Por eso, precisamente, el aparato, sin margen de maniobra y con la rigidez propia de su originaria concepción civil, no pudo superar la dificultad de una turbulencia: el efecto de un golpe de viento.

¿Cómo, si se montó la que se montó en la repugnante historia del Yak-42, por deficiencias puntuales –bajo nivel de calidad en la compañía homologada por la OTAN y torpeza en la posterior gestión del suceso–, se puede pasar por alto lo ocurrido en Herat a causa de responsabilidades estructurales y sistémicas del Gobierno de Rodríguez y del último Gabinete de González?

Es preciso insistir en que el helicóptero “Cougar”, de fabricación francesa y envuelto en el celofán de la colaboración antiterrorista, no está primordialmente concebido para misiones militares ni para hipótesis de usos como las que se pretendía verificar en Herat, para otorgarle la homologación operativa pertinente. Por eso rechazó el Ejército español lo rechazó en 1995, pero venía del “corazón de Europa”…

¿De qué se está queriendo hablar ahora al desplazar el foco sobre el rigor técnico aplicado en la dolorosa tarea de identificar a los muertos?, ¿del desplome del “Cougar” en Afganistán o, una vez más, de la explotación política de la caída del Yakolev-42 en el enclave turco de Trebisonda? ¿Qué trapisonda es la que se quiere montar ahora para sustraer el debate de sus obligados términos políticos? Si la misión real de las tropas españolas en Afganistán no fuera efectivamente bélica, y sí sólo humanitaria, en los términos de la autorización recibida del Congreso, la prueba del helicóptero se habría efectuado en escenario seguro, porque seguro y pacificado estaba el espacio para la verificación; lo que hubiera permitido un vuelo en cota suficiente, y no a muy baja cota: haciéndolo vulnerable a una racha de viento.

Insistamos: el servicio aéreo que el Gobierno del Partido Popular contrató en su día para trasladar desde Afganistán a aquellos militares españoles también desaparecidos, se formalizó con una compañía homologada por la OTAN, mientras que la operación de prueba militar del helicóptero “Cougar”, descalificado en su momento por el Ejército, fue para homologar –probándolo sobre el terreno– su idoneidad para el desempeño de las misiones bélicas a que están realmente asignados los soldados españoles en Afganistán.

Al toro del problema se le están dando capotazos fuera de lugar y al margen del orden y el respeto que merecen la opinión pública y la autoridad democrática del Parlamento. Renuncian los familiares de los caídos en una misión militar (que no en un proyecto de beneficencia internacional) a la prueba del ADN para la definitiva identificación de los cuerpos. Pero el conjunto de los españoles no pueden renunciar a la identificación precisa de las condiciones técnicas, militares y políticas forzadas por este Gobierno respecto de Afganistán.

Para remontar la deslealtad al aliado en Iraq, así como los agravios precedentes y subsecuentes a la nación americana, se ha ido en Afganistán más allá de lo parlamentariamente autorizado. Esa situación, denunciada por Gaspar Llamazares, coordinador de Izquierda Unida, muestra hasta qué punto resulta deletéreo el populismo en diplomacia y defensa. Otro día será ocasión de entrar en consideraciones sobre por qué se adquirió a Francia el “Cougar” que el viento se llevó. Queden las de ahora en que no sólo hubo por este Gobierno extralimitación de uso del contingente español, sino que, además, concurrió la irresponsabilidad de hacerle la prueba del nueve a tales helicópteros en una escenario indebido, pues para ganar seguridad pasiva frente al inconfesado enemigo se prescindió de la seguridad activa del helicóptero. Como ya cupo observar, la distinción en esta catástrofe entre accidente y disparo es, tratándose de un suceso bélico, del todo irrelevante. Lo relevante es la guerra secreta de Rodríguez, la burla del Parlamento, la mentira institucional.


jose@javaloyes.net
 
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