Paralelamente, otros jueces han citado a Otegi, sobre cuyo posible encarcelamiento se pronunciará el Tribunal Supremo, y han vuelto a abrir el sumario que en el aparece implicado el consejero de Seguridad del País Vasco, Balza, por haber permitido un acto público de Batasuna, el mismo Balza que en estos días deberá impedir la celebración de la asamblea de Batasuna prevista para el próximo día 21 en Barakaldo.

Atrás y para los anales de la ignominia política quedan las excusas del propio presidente Zapatero empeñado en defender el derecho de reunión del brazo político de ETA por encima de la ley; las hipócritas palabras del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar —protagonista de un deterioro galopante del Estado de Derecho—, diciendo que hay que acatar lo que digan los tribunales ¡faltaría más!, mas sin denunciar ante la opinión pública o instar al fiscal la prohibición de una convocatoria desafiante e ilegal; la tomadura de pelo del secretario de comunicación, Fernando Moraleda, sobre la “democracia dinámica” en derechos y libertades de los terroristas y afines; y la ceguera calculada del fiscal general, que se dirigió tarde y mal a la Audiencia Nacional, y no al Supremo como era su obligación, para pedir la suspensión del acto de Batasuna con la intención calculada de que la Audiencia desistiera de esta iniciativa por estar ilegalizada Batasuna y presumir así de haber cumplido con su obligación.

Asimismo, han quedado en evidencia los medios de comunicación afines al Gobierno, que con un silencio clamoroso estaban amparando la ilegalidad del Ejecutivo para que prosiguiera en su proceso negociador con ETA, el que ahora veremos si sufre alguna alteración, porque daba la impresión que la celebración del pretendido congreso de Batasuna formaba parte de las concesiones del Gobierno al entorno de ETA en las negociaciones en curso.

Pero los jueces han hecho lo contrario de lo que pretendía el Gobierno y al Ejecutivo le ha salido el tiro por la culata y ha quedado ante el conjunto de los españoles como el responsable de una pretendida y desvergonzada ilegalidad a favor del entorno de ETA. Los mismos que por boca de Otegi le han dicho a Zapatero que carece de coraje frente al PP, y que estamos ante un incidente muy grave. ¿Incidente grave que se cumpla la ley?

Veremos qué hace el Gobierno vasco, que ha prometido acatar la orden del juez, y qué hace Batasuna con su congreso. Y veremos cómo reacciona ETA a la decisión del juez, que podría verse ampliada si el Tribunal Supremo decide encarcelar a Otegi. Y a no perder de vista los movimientos de ficha del PNV y EA, los nuevos aliados del PSOE en el País Vasco, que se están ofreciendo en estos momentos a colaborar con Batasuna para burlar la decisión del juez y que podrían verse implicados en acciones delictivas si colaboran con el brazo político de ETA en contra de la legalidad. Veremos qué pasa con todo ello, porque algo de lo que aquí se anuncia como posible va a pasar. De momento, el Gobierno de Zapatero ha perdido su intento de saltarse a la torera la legalidad.