En la negociación del Estatuto ocurre algo parecido pero con más graves consecuencias si cabe. Se está redactando en secreto y al margen de los ciudadanos y del Parlamento —para que no se produzca la natural alarma social, política y jurídica— el proyecto de Estatuto catalán, que incluye el blindaje de sus competencias por encima y al margen de la soberanía nacional, lo que es inconstitucional, al igual que la pretensión de incluir la palabra nación en el preámbulo o en el articulado del Estatuto. De la misma manera que será inconstitucional obligar al estudio del catalán para disfrutar en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos de todos los derechos de dicha Comunidad, eliminando la enseñanza del castellano —o reduciéndola a mínimos escandalosos—, cuando no amenazando y sancionando a quienes utilicen el castellano como lengua profesional, comercial y empresarial, etc., lo que constituye un ataque a la libertad de las personas y a sus derechos como ciudadanos españoles, amparados por la propia Constitución.

Porque pretender, como lo está haciendo el Gobierno, aprobar en el Congreso de los Diputados un nuevo Estatuto inconstitucional para que sea aprobado por referéndum en Cataluña y luego enfrentar esta votación a la actuación del Tribunal Constitucional son ganas de crear un enfrentamiento muy serio entre la soberanía nacional española y la hoy pretendida soberanía catalana. La que no existe como tal en cuestiones que afectan al conjunto de los españoles y a los derechos y deberes que hoy garantiza la Constitución.

Se está, pues, burlando la ley de partidos en el País Vasco, y se está poniendo en marcha la vulneración, a sabiendas, de la Constitución por iniciativa de un presidente del Gobierno —y con el clamoroso silencio de los dirigentes del PSOE— que está más cerca de los intereses de Batasuna (muy preocupado por su derecho de reunión) o de los nacionalistas que del interés general y la legalidad. Sin perder de vista otras violaciones de la ley, como la de los historiales secretos de los pacientes de los hospitales catalanes a manos de la inspección o “policía” lingüística de la Generalitat, y de las trampas y las arbitrariedades de la OPA de La Caixa y de Gas Natural contra Endesa, que cuentan con la connivencia y las bendiciones del Gobierno nacional.

Y qué decir del “favoritismo legal” a los grupos afines al Gobierno de comunicación, o de los muy mal llamados Consejos Audiovisuales de control y censura de los medios de comunicación, en contra de lo que dice la propia Constitución, asuntos todos ellos que le producen un risa continuada al presidente del Gobierno, sus ministros y altos cargos de su partido, que a lo mejor están inmersos en delitos relativos al cohecho y a la prevaricación, amén de vulnerar los más elementales principios de esa democracia que el presidente pone siempre por testigo de sus reformas al margen de la legalidad.