| Uno de los problemas espinosos que la Administración del señor Zapatero habrá de abordar es el del futuro del Sahara, es decir, la actitud definitiva que España tendrá que asumir frente a las ambiciones expansionistas de Marruecos y también respecto al mantenimiento de nuestra prometida no beligerencia política como mínimo respeto a las posiciones e intereses legítimos del pueblo saharaui. Ahora este cuadro de situación se tambalea tras la visita del nuevo presidente del Gobierno español a Casablanca, en su primera salida al extranjero. Su entrevista con el monarca alauita y el cálido recibimiento que le tributó el Gobierno de Rabat a través del protocolo y de la actitud de la prensa marroquí que el autócrata Mohamed VI controla permiten sospechar que “algo” ha cambiado en la postura diplomática española ante el conflicto que ya dura cerca de treinta años. Rabat no se vuelca con un alto mandatario español, en este caso el titular del Gobierno, si no cuenta de antemano con el convencimiento de que sus aspiraciones —las de Marruecos— van a verse favorecidas. Hasta ahora, el Plan de Paz de la ONU, reconducido por Estados Unidos a través del Plan Baker, más o menos matizado con el transcurso del tiempo y los avatares diplomáticos, conoce su última versión en mayo del 2001, estableciendo la vigencia (otra cosa será el cumplimiento) de un acuerdo marco que el Frente Polisario aceptó en octubre del 2003 y sobre el que Marruecos no ha dado su aprobación. Según ese acuerdo, la población del Sahara obtendría una autonomía en materias tales como presupuesto, fiscalidad regional, seguridad interior, cultura, educación, comercio, transportes, agricultura, etcétera. Por otra parte, Marruecos sería competente en materia de política exterior, defensa, emisión de moneda y controles aduaneros, entre otras materias. El poder ejecutivo sería ejercido por un consejo ejecutivo durante un periodo de cuatro años y sus miembros serían elegidos por personas integradas en la lista elaborada por la ONU el 30 de diciembre de 1999. La previsión establecida es que al cabo de cuatro años, es decir, dentro del 2004, concretamente a su final, se organizaría un referéndum sobre el estatuto del Sahara Occidental, en el que podrían participar las personas que hubiesen residido habitualmente en dicho territorio al menos un año antes de la celebración del escrutinio. Cabe imaginar, a la luz de este último punto, la cantidad de estratagemas y chanchullos que Marruecos podría orquestar a su conveniencia si aceptara el conjunto de lo expuesto. De otro lado, si la ONU se desentendiera del conflicto, cosa perfectamente posible dados los intereses de Estados Unidos y Francia, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, la ocupación marroquí del Sahara Occidental quedaría consolidada. No parece que la partición del territorio, otra de las salidas que para el conflicto se han barajado, tenga ninguna viabilidad si se considera que ninguna de las partes contendientes la han aceptado. En realidad, el problema no se basa en los supuestos derechos históricos de Marruecos, sino en el control de las minas de fosfatos y la prospección de yacimientos petrolíferos concedida por Marruecos, ya de antemano, a empresas francesas y norteamericanas. A la luz de todo ello, ¿alguien apuesta por una gallarda actitud española bajo el mandato de Zapatero?
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