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| POLÍTICA DE EXTRANJERÍA EN REINO UNIDO |
Blair propone un sistema de puntos para restringir la entrada de inmigrantes ante la cercanía de las elecciones
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Clarke quiere que los inmigrantes se ocupen de empleos que los británicos tienen dificultades en cubrir, por lo que filtrará a los trabajadores cualificados
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Las nuevas medidas exigen el aval de un patrocinador que se responsabilice de que los trabajadores abandonarán el Reino Unido cuando expire su visado
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| El Gobierno de Tony Blair aplicará más
restricciones a la llegada de inmigrantes al Reino Unido, como un
sistema de puntos para facilitar la entrada de trabajadores
cualificados en detrimento de los menos preparados. Con la vista puesta en las elecciones generales de mayo próximo,
el ministro de Interior, Charles Clarke, anunció ayer un plan a cinco
años sobre inmigración y asilo que endurece los requisitos de
entrada, que se asemejarán a los que se exigen para la ciudadanía. |
Estrella Digital/Efe

Londres
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La intención del Gobierno laborista es retomar la iniciativa en
un espinoso asunto que puede generar muchos votos a la oposición
conservadora, que ha elegido la inmigración como el "caballo de
batalla" de su programa electoral.
"Vamos a crear un sistema más simple, claro y efectivo para los
que quieren venir y trabajar aquí, centrado en los inmigrantes más
cualificados que nos puedan ayudar a mejorar nuestra economía", dijo
ayer el ministro de Interior en la Cámara de los Comunes.
Clarke quiere que los inmigrantes se ocupen de empleos que los
británicos tienen dificultades en cubrir y por ello reducirá las
cuotas para puestos no cualificados ante el convencimiento de que
los trabajadores de países de la Unión Europea, que gozan de
libertad de movimiento en el Reino Unido, acabarán copándolos.
Lo más llamativo de las nuevas propuestas, que ayer tuvieron una
fría acogida por parte de la oposición, es el establecimiento de un
sistema de puntos, parecido al de Australia, que filtrará a los
trabajadores cualificados, como médicos o profesores.
Será una comisión especial la que se encargará de recomendar qué
tipo de empleados cualificados precisa este país que, en cualquier
caso, deberán aprobar exámenes de inglés y de conocimiento del Reino
Unido para quedarse.
Multas de 3.000 euros
Las nuevas medidas supondrán que trabajadores y estudiantes
deberán tener el aval de un patrocinador, como una institución
educativa o una empresa, que se hagan responsables de que
abandonarán el Reino Unido cuando expire su visado.
Habrá multas de 3.000 euros para cada vez que una compañía
contrate a un inmigrante ilegal.
Es más: los inmigrantes de algunos países tendrán que pagar una
especie de fianza que recuperarán cuando regresen a sus lugares de
origen, pero que perderán en el caso de que se queden como ilegales
en el Reino Unido.
"Creemos que hay que restringir claramente" las normas y que "las
condiciones para la permanencia deben asemejarse a las de la
ciudadanía", indicó hoy el ministro de Interior.
Hasta ahora, los trabajadores que vivían en el Reino Unido podían
quedarse de forma indefinida cumplido un plazo de cuatro años, pero
ese tiempo se aumentará ahora a cinco.
Inmigración positiva
En cualquier caso, el ministro de Interior indicó que las nuevas
medidas no afectarán a un gran número de inmigrantes y que el Reino
Unido seguirá recibiendo con los brazos abiertos a los refugiados.
Clarke rechazó además la petición de los "tories" para que se
establezcan cuotas que restrinjan firmemente la llegada de
extranjeros al Reino Unido y defendió que, por lo general, la
inmigración es positiva para la economía del Reino Unido.
En un artículo publicado ayer en The Times, Blair dijo que "la
inmigración controlada es beneficiosa para el Reino Unido" desde un
punto de vista económico y avisó que, "por populista que sea, un
cierre completo (del país) sería claramente irresponsable y muy
pronto dañino para la economía de nuestro país".
Después, en una entrevista con la BBC, el primer ministro dijo
que el Reino Unido recibe 7,5 millones de visitantes al año y que,
aunque la mayoría de ellos no ofrecen ningún riesgo, "se precisan
controles estrictos y un plan para controlar posibles abusos".
Tras la presentación de la propuesta en el Parlamento, los
conservadores la criticaron por no ir demasiado lejos y llegar
demasiado tarde, mientras los liberal demócratas consideraron que es
improbable que propicie un sistema eficiente.
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