El Senado aprueba por unanimidad la Ley de Violencia de Género
La norma obliga al Gobierno a regular el Fondo de Impago de Garantía de Alimentos y recoge expresamente a las mujeres más vulnerables
Durante la tramitación, la polémica se centró tratamiento de discriminación positiva hacia la mujer, fundamentalmente por parte del grupo popular
El apoyo unánime ofrecido ayer por el Pleno del Senado al proyecto de ley integral contra la violencia de género supone un nuevo espaldarazo a la primera ley enviada por el Gobierno socialista al Parlamento, tras obtener el 7 de octubre el respaldo del conjunto del Congreso de los Diputados.
Estrella Digital/Ep
Madrid
La futura ley orgánica, una reivindicación de las organizaciones de mujeres que se retrotrae a la década de los años noventa, es única en Europa dado que fusiona en un único texto todos los ámbitos de actuación: educativo, laboral, sanitario, policial, judicial y social. Tras superar este penúltimo trámite sólo queda remitirla al Congreso para su aprobación definitiva.
Desde un primer momento el texto -que entra en vigor a principios de 2005- tuvo la virtud de no dejar indiferente a nadie, incluso su título llamó la atención a la Academia de la Lengua, favorable al siguiente enunciado: "Ley integral contra la violencia doméstica o por razón de sexo".
Su paso por la Cámara Baja, precedido por comparecencias de expertos sobre el proyecto de ley integral -desde juristas, a catedráticos y asociaciones que trabajan con víctimas de maltrato-, derivó en la crítica casi generalizada de las fuerzas políticas en cuanto a la rapidez o "precipitación" con la que resultó tramitada.
Polémica en el plano penal
El día en el que los diputados respaldaron el proyecto de modo unánime -7 de octubre-, el jefe del Gobierno expresó su esperanza en que fuera "un poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal que está tan presente en la sociedad, desgraciadamente". Durante su tramitación, tanto en el Senado como en el Congreso, la polémica se centró en el plano penal y en el tratamiento de discriminación positiva hacia la mujer, fundamentalmente por parte del grupo popular.
Las dudas -expresadas también por el sector conservador del Poder Judicial- se refieren a la constitucionalidad de que las coacciones y amenazas pasen de ser faltas a delitos sólo cuando el autor sea hombre y la víctima mujer y que haya juzgados especiales de violencia sobre la mujer de los que se excluye al resto de las víctimas de la violencia doméstica.
Tras intensas negociaciones, el grupo parlamentario socialista aceptó extender la protección a personas pertenecientes a grupos vulnerables (niños, ancianos...), en vez de restringirla a la mujer. En el Senado, el grupo de CiU, apoyado por los populares, logró introducir una enmienda para crear un fondo de garantía de impago de pensiones de alimentos, que el PSOE cree inasumible desde el punto de vista económico.
Cuatro ejes
Finalmente, el Pleno de la Cámara Alta rechazó ayer la creación del fondo, pero se llegó al acuerdo de incluir una disposición por la cual se obliga al Gobierno a aprobar una ley específica que lo regule. La ley gira en torno a cuatro ejes fundamentales: la prevención del problema, la protección de las amenazadas, la recuperación de las víctimas y la sanción de los agresores.
Su articulado contempla la creación de servicios de atención e información inmediata, centros de emergencia para asistir a las mujeres y a sus hijos y centros de recuperación integral, así como medidas para apoyar a las víctimas a la hora de reorientar su vida con ayudas económicas que les permitan romper las cadenas de la dependencia y con formación para el empleo.
Asimismo ampliará las ayudas económicas existentes, favorecerá el acceso de las víctimas a las viviendas de protección oficial y se mejorará el modelo que bonifica a las empresas que las contratan.
Otro punto fundamental será la especialización de profesionales dentro del orden penal para que los juzgados de instrucción puedan ocuparse específicamente de los casos de violencia de género y la creación de una delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
La norma obliga al Gobierno a regular el Fondo de Impago de Garantía de Alimentos y recoge expresamente a las mujeres más vulnerables
