Contadas personalidades vascas se proponen contrarrestar la eficaz campaña de Batasuna en el ámbito internacional, donde propaga una idea de sistemática vulneración de los derechos democráticos de los vascos y la épica de la causa abertzale, manchada de sangre desde que la organización terrorista ETA comenzara a asesinar a funcionarios, policías y adversarios políticos, y no aceptara la democracia. Uno de los últimos ejemplos se produjo el mes de enero en Suiza, donde la izquierda abertzale consiguió «colarse» en el Parlamento con la creación del intergrupo Suiza-País Vasco, de la mano de dos diputados, Josep Zisyadis y Daniel Vischer, que ya en el pasado formaron un «grupo de amistad» con los radicales vascos y que copresiden el nuevo grupo.
No es algo nuevo. Aunque la diplomacia española logró frenar iniciativas similares en el Parlamento británico y en el helvético la ofensiva internacional de la izquierda abertzale no ha dado tregua. Algunos ejemplos de ello se perciben en los naturales desplazamientos de etarras (algunos de ellos, con cursillos de explosivos incluidos) en varios países de sudamérica, como Venezuela, donde se constata que se han movido como pez en el agua, principalmente en la era chavista.
La Fundación para la Libertad, constituida en junio del 2002 para crear un foro de encuentro entre ciudadanos y políticos no nacionalistas, se propone difundir otra visión de la cuestión vasca, esencialmente la que refleja su mayor anormalidad democrática, como lo es el acoso y la amenaza a los políticos no nacionalistas que, pese al galopante debilitamiento de la banda por la acción policial, deben seguir ejerciendo su función escoltados por la policía para evitar ser el blanco de ETA.
Formada por intelectuales, políticos y personalidades de los movimientos cívicos contra el terrorismo, la Fundación para la Libertad mantendrá esta semana varios encuentros con parlamentarios suizos. A ellos les dará su opinión sobre el intergrupo creado en enero, antes de intervenir ante el plenario del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, al que pedirá su «atención e intervención» para garantizar «los derechos y libertades de los ciudadanos no nacionalistas en el País Vasco como consecuencia de la actividad terrorista de ETA».
Javier Elorrieta, vicepresidente de la Fundación, que militó en el antifranquismo, es uno de estos ciudadanos que tienen mermada su libertad. Expresará su inquietud ante el plenario de Naciones Unidas «porque vivimos en un contexto en el que las vulneraciones de los derechos, causadas por la acción terrorista de la banda ETA, han llegado a ser parte de nuestro paisaje cotidiano durante demasiado tiempo». Para Elorrieta, «en el País Vasco, en Navarra y en el conjunto de España la fuente primordial de agresión a los Derechos Humanos la constituye la actividad terrorista de ETA». Como es lógico, reclama que la lucha contra el terrorismo sea «escrupulosa con el respeto a los Derechos Humanos». En este foro subrayará también la Ley de Partidos políticos y las sentencias que ilegalizaron los brazos políticos de ETA, que han sido confirmadas por el Tribunal Europeo.
Cuando resuena el eco de los últimos debates de la izquierda abertzale en clave de maduración de su dependencia orgánica de ETA para desmarcarse de la acción terrorista, que aunque atenuada aún logra la atención de partidos y medios, algunos quijotes vascos elevan su voz por encima de las brumas para despejar la confusión. Pretenden que no se legitime un discurso que aún no ha contrastado su veracidad y que, de hacerlo, no podría obtener un plus de legitimidad tras décadas de complicidad con la acción de ETA. Son pocos, como lo advertía recientemente en una emisora el intelectual vasco Joseba Arregui, los que propagan con gran esfuerzo en ámbitos internacionales la situación del País Vasco, pero anteponen sus convicciones a sus conveniencias. Quijotes que no desfallecen aunque lo que vean no sean molinos de viento.
Chelo Aparicio