Los grupos parlamentarios del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD han presentado este viernes, de forma conjunta, un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto del pasado agosto en el que se aprobó un crédito extraordinario para atender al pago de los programas especiales de armamento, que asciende a 883 millones de euros, una medida que consideran una «provocación» del Gobierno al no incluir esta partida en los Presupuestos Generales o en otra ley que deba ser debatida en el Parlamento.
Con este crédito aprobado por el Consejo de Ministros se hace frente al pago de programas como el del Eurofighter Typhoon (430 millones de euros), el Airbus A400M (143 millones), el vehículo blindado Pizarro (55 millones), el helicóptero Tigre (144 millones), el helicóptero NH-90 (86 millones) o el misil anticarro Spyke (23 millones), entre otros.
En declaraciones a los medios de comunicación tras entregar el recurso en el registro del Alto Tribunal, el portavoz socialista de Defensa en el Congreso, Diego López Garrido, ha explicado que el objetivo de los grupos de la oposición es que gastos que ascienden a cientos de millones de euros sean «objeto de debate parlamentario».
«El Gobierno ha sustituido eses debate por una aprobación por decreto que es contraria a la Constitución e intentamos que no suceda nunca más. Este es un caso especialmente significativo porque se trata de programas que cuestan miles de millones de euros. Es una exigencia democrática que estas cosas se aprueben en el Parlamento», ha dicho.
Tres años, tres créditos extraordinarios
Los programas especiales de armamento tienen un sistema de financiación especial que se basa en anticipos del Ministerio de Industria. El pago de lo que se adquiere se realiza con cargo al presupuesto de Defensa cuando recibe el material y es en el momento de la entrega cuando el fabricante devuelve los anticipos al Tesoro Público.
El Gobierno lleva años recurriendo a esta fórmula de hacer frente a los pagos de los programas de armamento. Concretamente, en el verano de 2012 se aprobó otro crédito de más de 1.700 millones de euros y el año pasado la cantidad ascendió a 877 millones. Tras la aprobación de los últimos Presupuestos el pasado septiembre, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, ya adelantó que el próximo año también se aprobará otro decreto similar.
En términos parecidos se ha pronunciado el diputado de la Izquierda Plural Álvaro Sanz, quien ha denunciado que con medidas como estos decretos el Ejecutivo está «hurtando» al Parlamento la posibilidad de debate. «Estamos en un momento de excepción democrática permanente en la compra de armas. Es necesario someter a debate el modelo de defensa de nuestro país y tiene que hacerse de forma transparente», ha apuntado.
Además, Sanz ha hecho hincapié en que en el caso de los créditos para armamento no se dan las razones de «excepcionalidad y necesidad inmediata para no ser tramitado de manera ordinaria», por lo que le parece una «chulería impropia de un Estado democrático» que el secretario de Estado anuncie de antemano la futura aprobación de otro decreto similar el año que viene.
Por su parte, la diputada de UPyD Irene Lozano ha destacado que a partir de hoy el gasto que ha hecho el Gobierno para armamento «ha comenzado a ponerse bajo la lupa de unos jueces» y ha dicho estar convencida de que éstos decidirán que los decretos para aprobar créditos extraordinarios son «ilegales».
Lozano ha advertido de que, aunque el PP tenga mayoría absoluta, «política y socialmente esa mayoría está quebrada», por lo que considera que el Gobierno «debería dejar de comportarse como si tuviera ese respaldo». «En democracia no se puede hacer lo que a uno le de la gana», ha subrayado.
Los grupos parlamentarios han manifestado en numerosas ocasiones su oposición a este tipo de fórmulas para pagar el armamento, ya que consideran que el Gobierno «engaña» cada año con el presupuesto de Defensa, ya que luego se ve aumentado con los créditos extraordinarios.
Fue la diputada de UPyD, Irene Lozano, quien en septiembre advirtió en el Pleno del Congreso de su intención de buscar apoyo en otros grupos parlamentarios para recabar las 50 firmas que son necesarias para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional.
López Garrido ha recordado que los decretos son una fórmula que se utiliza para tomar medidas extraordinarias y no para créditos que el Gobierno ya tiene previstos, vistas las palabras del secretario de Estado. Así, considera que esta forma de actuar del Ejecutivo supone un «ninguneo absoluto» al Parlamento.