«Es una asignatura exactamente igual al resto -ha insistido la ministra- y, por lo tanto, la no asistencia a clase o no presentarse a los exámenes correspondientes tendrá las mismas consecuencias que pueda tener la no asistencia a la clase de Matemáticas y la no realización de los exámenes de Matemáticas».
El Supremo ha publicado este martes el texto de las sentencias sobre cuatro recursos de casación relacionados con otras tantas familias que habían apelado al derecho de objeción, cuyo fallo denegatorio fue conocido el 28 de enero pasado.
«Creo que es una buena noticia -ha enfatizado Cabrera- para nuestro sistema educativo, para la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes y para la formación de los ciudadanos que queremos para este país en el futuro».
La ministra ha recalcado que el Supremo «niega que pueda haber lesión alguna al derecho a la educación moral y religiosa que los padres quieran para sus hijos», en referencia a esas sentencias.
La decisión judicial «unifica doctrina» y, por tanto, «tendrá que tener las consecuencias que deba tener que se derivan de que sea sentencia del Tribunal Supremo», ha insistido.
Según Cabrera, que ha citado las sentencias, la exención o no asistencia a esta asignatura «puede quebrar lo derechos a la ciudadanía que tienen todos los niños que acuden al sistema educativo».
El PP insta a revisar los contenidos de EpC
Alfonso Alonso ha subrayado que la resolución judicial marca con claridad que EpC «en ningún caso puede ser una asignatura destinada al adoctrinamiento de los alumnos».
Aunque no se reconoce la existencia del derecho de objetar de EpC, sí «impide que se puedan introducir contenidos de adoctrinamiento ideológico o moral o religioso».
Por eso, ha llegado a la conclusión de que «se reconoce de manera expresa el derecho de los padres a no ser discriminados por sus convicciones morales o religiosas y la libertad a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones».
Y los efectos prácticos de este hecho es que «se abre la puerta a que los padres puedan oponerse a los contenidos que tienen una carga ideológica y que están destinados a adoctrinar a los niños».
Alonso ha incidido en la necesidad de que la asignatura «se expurgue de cualquier contenido que pueda tener un contenido de adoctrinamiento, que viole o transgreda la libertad de los padres y sus propias convicciones morales». Unos contenidos que, según Alonso, «efectivamente existen en muchos centros, en muchos libros de texto y en el propio currículum de la asignatura».
De este modo, la lectura que realiza el PP es que del fallo del TS se desprende un mandato para que el ministerio revise los contenidos de la asignatura «y no espere a que vayan siendo impugnados uno a uno por los padres».