De jueces y bollos

Definitivamente, la única explicación posible al caos diario que sacude España es la perentoria necesidad de parecernos a Libertonia, el imaginario país de Sopa de Ganso. Si no, uno no puede entender que, en el asunto 'Alakrana', nuestro Gobierno se haya bajado los pantalones ante unos piratas al tiempo que ha mezclado con el embrollo la propia dignidad de la Audiencia Nacional. Porque, para satisfacer las demandas de los filibusteros, este tribunal de paradójica jurisdicción funcionará, por una sola vez, a un ritmo aceptable en un Estado de Derecho. Es decir, por una vez la Justicia será rauda, pero a costa de infringir esa ley a la que se supone sirve.

La Justicia en España funciona mal. Una ley procesal antañona, unos medios precarios, manifiestamente insuficientes, el corporativismo que rodea a la mayoría de jueces -que, no lo olvidemos, hacen huelga y dejan en suspenso uno de los tres poderes del Estado-, la dependencia evidente de los partidos políticos y la capacidad dada a muchos incapaces para sostener el mazo permiten que muchas sentencias sean más que dudosas, que estas tarden una enormidad en llegar -salvo cuando beneficie a los piratas- y que exista una gran inseguridad jurídica dentro de nuestro sistema, por no hablar de la más que probable indefensión en que sobrevive la ciudadanía.

Véase, si no, el caso de esos sujetos que llevan 16 meses sin casa porque un juez ha protegido a los 'okupas' que, aprovechando las vacaciones de los legítimos inquilinos, se metieron en la casa y cambiaron las cerraduras. Los allanadores, en lugar de en la cárcel, residen en la casa mientras los indefensos perjudicados siguen pagando el alquiler. Ni el más cínico Groucho podría haber imaginado tamaño disparate.

Esta, no obstante, es sólo una noticia que ha trascendido y alcanzado cierta notoriedad. Al hablar con abogados, secretarios u oficiales, uno se entera de muchísimas decisiones judiciales injustas, a menudo absurdas. Y esta inseguridad jurídica se une a la física o ciudadana que crece aún más por culpa de la crisis.

Claro que ahí tenemos al Gobierno, siempre atento a afrontar los principales problemas de nuestra nación, a saber, que aún no somos lo suficientemente absurdos para superar nuestro viejo estigma de "charanga y pandereta". El Ejecutivo, comandado por José Luis Rodríguez Zapatero, persona que aún confunde Estado de Derecho con Estado de derechos, ha decidido, en lugar de arreglar la Justicia y acelerar los procesos por mor del interés general, combatir la obesidad infantil. ¿Qué mejor medida, en el sentido marxiano, que prohibir la venta de bollos en los coles y quitar la sorpresa de los huevos de chocolate?

Alguien debería explicar a nuestros gobernantes que eso de la obesidad es cuestión de hábitos, de excesos, de abusos. Un cuerno de chocolate, el pobre, por sí solo poco puede hacer. Quizás todo tenga que ver más con el clima de molicie y permisividad social que con lo dulce de los dulces. Pero como aquí sólo se sabe prohibir en aras del progreso, pues adelante. El consuelo que les queda a los niños es que, más adelante, una vez aprobada la ley, no se ejecutará y, al amparo del ambiente generalizado de "tolerancia infinita", se podrán "jartar" de comer chocolate, hamburguesas y chuches de cualquier condición.

Este marasmo de absurdos desemboca en una situación harto esquizoide. Los juzgados y tribunales no aportan justicia; el Gobierno legisla pero no ejecuta las leyes; la Sociedad se mueve aborregada bajo unas nociones amorales donde todo vale sin importar conciencias ni normas; pero, eso sí, vamos a acabar con el Happy Meal de los burguers.

Insisto en que esto sería realmente cómico si se tratase de una película de los Marx. Pero hablamos de cosas muy reales. De nuevo el Gobierno opta por una prohibición que, sin mejorar la dieta de los infantes, maleducados también en lo nutricional, perjudicará a las empresas que usan medidas mercadotécnicas para vender mejor sus productos. Seguramente las cifras de obesidad serán las mismas, pero bajarán las ventas y Sanidad se sentirá satisfecha. Al fin y al cabo, lo último que debe respetarse es la libertad.

Bien pensado, y después de entender que las empresas de bollos jamás conseguirán una sentencia que anule el abuso hasta dentro de, cuando menos, una década -y eso en el lejano supuesto de que ganasen el pleito-, siempre les quedará el consuelo de un nada judicial recurso de urgencia que, hasta el momento, da muy buenos resultados: que secuestren algo o a alguien. Por lo que se ve, este Gobierno sólo reacciona, siempre bajándose los pantalones, ante la extorsión. Dentro de nada, Libertonia tendrá más sentido que nuestro querido país.

dmago2003@yahoo.es