Las detenciones por casos de corrupción que la Guardia Civil hizo ayer en Cataluña reúnen un mosaico de curiosidades, algunas anecdóticas, otras más próximas a la categoría. En primer lugar, los detenidos: un alcalde socialista y funcionarios municipales de Santa Coloma, dos ex altos cargos del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol. Y los investigados, porque en Sant Andreu la Guardia Civil exigió al alcalde documentación sobre un convenio urbanístico del 2006 que afecta a un antiguo alcalde del PP que ya está imputado en un juzgado de Barcelona. Si se añade el asunto de los informes, que también afecta a ERC, tenemos ahí, en medio de las corrupciones y las corruptelas, a representantes de todos los partidos. Si se mira más allá de Cataluña, se encontrará lo mismo en casi toda España, como han demostrado casos como el 'Gürtel', Estepona, las cuentas del Bloque en Galicia, etc. Una epidemia.
En segundo lugar, y a resultas de su detención, el común de los consumidores de información se entera de que el alcalde de Santa Coloma, que viene obteniendo desde hace años la confianza de sus conciudadanos, es hijo del último alcalde franquista de la localidad. Es una anécdota y, aunque pueda ser acusado ahora por la Justicia, de las actividades y las ideas políticas de su padre no tiene responsabilidad alguna. Pero anoto la curiosidad porque choca con esa cansina e indemostrable cantinela de que los políticos del PP son los herederos del franquismo. Serán responsables de sus actos, pero franquistas en el árbol genealógico es algo tan extendido en todos los partidos como, ahora, la corrupción. Y en tercer término, Garzón. Si la Audiencia Nacional no quiere establecer sistemas de reparto más lógicos y coherentes y evitar esos "sumarios río" con los que se puede reclamar o rechazar cualquier asunto judicial que interese o no convenga, deberían reordenar el trabajo aunque sólo fuese para desbaratar la idea de que, allí, el único que trabaja es don Baltasar.
Pero vayamos con lo mollar, que es la corrupción. Si no es generalizada, está más extendida de lo que es posible demostrar. Y si la causa es la maldad de los seres humanos y su codicia, no hay que obviar que hay una serie de deficiencias en el sistema que los partidos, al menos por compromiso con los contribuyentes que les pagan el sueldo, deberían resolver. El sistema de financiación municipal, que es vergonzoso, lleva a las marrullerías, las corruptelas y las corrupciones con el suelo y las obras públicas. Los agujeros en los sistemas de control hacen, además, que los que quieran aprovechamientos personales en estos procedimientos los lleven a cabo una y otra vez. Un sistema electoral deficiente convierte a los partidos bisagra, por muy coyunturales que sean, en partícipes de gobiernos siempre al cargo, y no por casualidad, de los temas de urbanismo y obras públicas. Añadamos los últimos escándalos en Baleares para ilustrar una regla general. En las comunidades autónomas, los sistemas de control de la legalidad brillan por su ausencia y a las dosis habituales de provincialismo se suman, como si no pasase nada, los pillos y los ladrones. La vigilancia de las cuentas públicas regionales, aquí y allá, es de broma y ni los tribunales de cuentas hacen su trabajo adecuadamente ni se evita la escandalosa "alianza" entre constructores, políticos y prensa local. Las campañas se financian, más allá de los topes legales, con pagos hechos por terceros bajo la promesa de ser tratados privilegiadamente tras la cita con las urnas. Y se puede seguir hasta casi el infinito.
Los partidos, si quieren defender una política honesta, no deberían conformarse con expulsar o suspender de militancia a los implicados... en lo que termina llegando a los juzgados. Podrían analizar seriamente la situación y, en vez de bombardearse mutuamente con la corrupción, como si siempre fuese cosa del adversario, terminar con un sistema que es a todas luces perverso.
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