En el Palau de la Música de Barcelona se ha producido un escándalo que ha llevado sus libros al juzgado y a sus dirigentes ante el fiscal. El caso es tópico: aprovechamiento y estafa protagonizada por los mandamases perpetuos del Palau, ante la pasividad y desinterés de quienes deberían haber vigilado. El problema es que los vigilantes eran muchos y muy importantes. Por un lado, lo más ilustre de la sociedad de Barcelona, que forma parte del consejo del Palau y que no se ha enterado de nada. Cuestión de confianza, de confianza en uno de los suyos del que no esperaban un aprovechamiento semejante.
Vigilantes deberían haber sido las instituciones públicas catalanas, Generalitat y Ayuntamiento, que sufragan una cuarta parte de los gastos del Palau y que por eso mismo y por deberes de tutela de fundaciones y similares conocen y controlan (¿) las cuentas de esas mismas instituciones y tienen facultades de inspección y advertencia. En este caso pagaron y callaron y las inanes cuentas que presentaba el Palau no alertaron ni llevaron a nadie a pedir explicaciones.
Vigilante debería haber sido también el Ministerio de Cultura, que se incorporó al Consorcio y la fundación del Palau y del Orfeo Catalá en un gesto de complicidad, acompañado de un buen subsidio para la ampliación del palacio. La implicación del Ministerio no ha llevado un simultáneo procedimiento de control o sistema de información como para desalentar cualquier tentación de abuso o para advertirla a tiempo.
El fraude del Palau está sobre la mesa, su autor material ha dado explicaciones e incluso ha ofrecido restituir lo que se ha llevado y tratar de pasar página con el menor ruido posible. Pero la Fiscalía y el Juzgado están en marcha y el caso abierto.
El Palau, como otras iniciativas de la sociedad catalana, debería servir de ejemplo de vitalidad y creatividad, de compromiso social y ciudadano. No ha sido así. Creado hace cien años por iniciativa popular, ha sobrevivido a muchas vicisitudes para sucumbir precisamente cuando tiene implicada a la sociedad civil y al Estado, fracasadas ambas en la gestión de esta institución.
El presupuesto anual del Palau anda por los 10 millones de euros (el fraude acumulado supera esa cifra) y la cobertura de esos recursos llega de la venta de localidades en un 45%, del mecenazgo privado el 30% y de subsidios público el 25%. Ni los patronos, ni los mecenas, ni los que otorgan subsidios han sido capaces de evitar que el gestor cayera en la tentación de distraer recursos a su propio bolsillo. El uno fue un ladrón y los otros unos indolentes ineficaces.
Como la prensa nacional informa cada vez menos de lo que ocurre en Barcelona, el caso está pasando relativamente inadvertido fuera de Cataluña, con lo cual se pierde el efecto advertencia ya que ¿cuántos otros casos Palau de la Música andan ocultos a lo largo y ancho de España?
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