El cambio del modelo turístico español es una de esas cuestiones eternamente planteadas, pero nunca resueltas del todo, probablemente porque se enfoca sin tener del todo en cuenta la realidad. A menudo se critica e incluso deplora que esté excesivamente fundamentado en sol y playa, quizás sin valorar como corresponde algo tan evidente como que es eso precisamente lo que busca la mayoría de quienes organizan sus vacaciones veraniegas. O, lo que parece aún más importante, que ése es un atractivo imbatible para buena parte de los enclaves costeros de la Península y los dos archipiélagos. Dicho de otra manera, parece como si fuera un error estar en disposición de ofrecer más y mejor de lo que desean varios millones de europeos: precisamente, sol y playa.
Eso no significa que el sector turístico no esté necesitado de acometer cambios importantes y más atención efectiva de la que suele recibir por parte de las administraciones, aunque sólo sea porque aporta en torno a un 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y es intensivo en empleo, al punto de superar ese mismo porcentaje de la ocupación total. Cuestión distinta es que las transformaciones discurran siempre por donde deberían, o que los poderes públicos lo atiendan de forma eficiente. En este último aspecto, cabe decir que abundan más las declaraciones solemnes y la imaginería, que una política de verdad orientada a las necesidades de la actividad. Habrá que ver, en tal sentido, si el Consejo de Ministros monográfico que se va a celebrar el próximo viernes, día 24 de julio, va un poco más allá de lo habitual.
Lo ha motivado la poco favorable evolución del año, con una caída del 11 por ciento en el número de visitantes durante el primer semestre, menor duración de la estancia media y unas expectativas -reservas- para lo que resta de temporada alta muy por debajo de lo habitual. Sin duda, la coyuntura económica de los principales mercados, Francia, Alemania y Reino Unido, este último afectado también por la desvalorización de la libra esterlina, no puede sugerir otra cosa que una fuerte recesión del gasto vacacional.
El Gobierno ha proclamado su voluntad de prestar "apoyo especial" al sector, pero no será fácil. De entrada, y sobre todo, porque las competencias turísticas están más en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos que del Ejecutivo central. También, porque cualquier medida que eventualmente se adopte no podrá tener efecto alguno en una temporada que está ya determinada en lo esencial. Si acaso, podrá optar por enjugar pérdidas con cargo a los Presupuestos, como está haciendo con tantas otras cosas, día sí, día también.
Tampoco hay que descartar que se traslade al sector turístico la pretensión más generalizada de diseñar desde el área pública un nuevo modelo de negocio, quien sabe si haciendo suya la tendencia a denostar el sol y la playa como base de la oferta estatal. Algo que es por completo distinto de la oportunidad de complementarla con otros productos, tanto para extender el impacto a enclaves y territorios distintos como para propiciar una ampliación de la temporada, todavía excesivamente concentrada en las seis semanas punteras de julio-agosto.
Lo que no se debería perder de vista es que el turismo es algo globalizado y, en consecuencia, sujeto a una competencia cada vez más disputada, ni que los flujos mayoritariamente captados hasta ahora pueden elegir -de hecho, eligen- enclaves alternativos que ofrecen lo que aquí tanto empeño se aprecia en desvalorizar: sol y playa, porque ésa es la motivación principal de la mayoría... al menos, hasta el día de hoy. Y si no se consigue captar las preferencias del turismo masivo, optando por una oferta más
fashion,
quizás satisfaga a algunos, pero difícilmente permitirá mantener su peso en el PIB ni dar empleo y proporcionar riqueza a una parte considerable de la población.
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