El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Carlos Aguirre, había convocado a los diputados generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y al presidente de la asociación de municipios vascos a una reunión para el próximo lunes. Se trataba, con buen criterio, de comenzar a analizar con seriedad tanto las cuentas públicas de este ejercicio y del siguiente como los rasgos generales de una política económica a corto y medio plazo que no sólo abordara la crisis económica, sino también cómo enfrentarse a un evidente y necesario cambio de modelo. Con buen criterio, por la importancia económica -y recaudatoria- de las diputaciones vascas, y con buena voluntad, ya que entendía que nadie, y menos las instituciones en las circunstancias actuales, ahorraría esfuerzos para trabajar y buscar soluciones económicas.
Los diputados generales, los tres del PNV, se han puesto estupendos y ayer anunciaron que no asistirían, que en todo caso estarán representados por los diputados de Hacienda. Las razones fundamentales, protocolarias: tienen sus agendas y no acompasan con la del convocante, deberían reunirse con el lehendakari López, quieren más concreción, esperarán al Consejo Vasco de Finanzas (que paradójicamente no preside el lehendakari). Todo con el aderezo retórico de lo interesante que puede ser estudiar las materias previstas, de la lealtad institucional, etc., etc. Al buen criterio y a la buena voluntad, los diputados generales del PNV responden con una desconsideración que, aunque el destinatario formal sea el consejero Aguirre, perjudica a los ciudadanos. ¿De qué asunto más importante pueden ocuparse -con urgencia- diputaciones y ayuntamientos que la colaboración con el Gobierno vasco para afrontar la crisis económica y la política presupuestaria? Claro que podrían ocuparse de la batalla política para deslegitimar la violencia de ETA y honrar a las víctimas, asunto en el que el propio Defensor del Pueblo en la comunidad autónoma mostraba su desencanto con la implicación de algunas instituciones locales.
Da la impresión de que el desaire no responde a una actitud ambivalente del PNV (ahora me opongo radicalmente, luego ofrezco un teórico acuerdo de estabilidad, más tarde no asisto a una convocatoria del consejero, etc.), sino a una misma estrategia, que es la de presionar al Gobierno vasco en una concreta dirección. El mes pasado se aprobó el incremento autorizado del déficit de las comunidades autónomas que podrá alcanzar en el 2010 el 2,5%, cinco décimas por encima de la cifra inicialmente ofrecida. Sin embargo, el de las corporaciones locales, que lo son a estos efectos también las diputaciones forales, no podrá superar el 0,4% del PIB. En ese escenario, las diputaciones vascas, que han visto reducida peligrosamente su recaudación -lo que ocurrirá previsiblemente el año próximo también-, tratan de salvarse del ahogamiento económico, que es elemento fundamental de su poder en el País Vasco. Del poder que quiere ejercer el PNV (total o parcial, según lo que termine ocurriendo en Álava) como partido-guía en la comunidad autónoma y que se vería por razones económicas complementariamente dañado a la pérdida del Gobierno autónomo.
Todo parece responder -ofreciendo un acuerdo aquí, presionando allá, agitando posibles pactos en el Congreso, amenazando con desaires, etc.- a un intento de conservar poder e influencia mediante una suerte de negociación de reparto entre Gobierno vasco y diputaciones del déficit autorizado para la comunidad autónoma. Es decir, la negociación, ya sea vía oferta o vía presión, sería algo más parecido al "qué hay de lo mío" que a la respuesta conjunta a la crisis y los problemas de los ciudadanos. Si se añade que la caja del Gobierno vasco está esquilmada por muchas decisiones de gasto tomadas por la Administración anterior cuando ya estaba en funciones, el fin de la estrategia respondería a aquello que sonaba tan raro tras la investidura de Patxi López: seguiremos gobernando este país, decía el PNV, allí donde estemos. Esperemos que no se salgan con la suya, que gobierne el País Vasco quien ha obtenido la mayoría parlamentaria de acuerdo a la ley y al sentido común.
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