La demonización apenas disimulada del último periodo republicano en la Casa Blanca, el propósito cierto en determinados medios demócratas de abrir una causa general contra la política seguida por el presidente George W. Bush, abre un preocupante compás de crisis para determinados valores que han sido siempre constitutivos de la política estadounidense y de las más de las grandes democracias occidentales. Ese advertido partidismo a propósito de un plan secreto de la presidencia, por vía del vicepresidente Cheney, de eliminar físicamente a la plana mayor de Al Qaeda -decisión tomada como respuesta a los atentados del 11 de Septiembre de 2001-, pone sobre la mesa varias cuestiones de importancia fundamental para cualquier Estado. No sólo para las instituciones que regulan el poder en cualquier democracia del mundo.
Al margen de que la robusta concepción presidencialista del poder político, la Constitución norteamericana concede a la Casa Blanca poderes en nítida primacía sobre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y a despecho de que tal superioridad o ventaja esté constitucionalmente regulada, parece claro también que entre las atribuciones presidenciales figura la facultad de iniciativa ante situaciones de excepcionalidad como la creada por el ataque de Al Qaeda: contra las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono de Washington, sede de la Secretaría de Defensa, y objetivos que los terroristas no lograron cubrir (quizá el propio Capitolio), al no llegar a su destino otro de los aviones de pasajeros que los terroristas habían secuestrado.
Dentro de la perentoriedad de la respuesta a una acción de guerra, a cuyo lado fue el ataque japonés a Pearl Harbor caballeroso primer capítulo de una larga y ferocísima guerra en el Pacífico -con epílogo en el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki-, en un contexto tan excepcional como aquel, de guerra súbitamente sobrevenida, una decisión ejecutiva de tan nítidos y apremiantes perfiles, estaba plenamente justificada en cualquier contexto institucional. No sólo en el caso del contundente presidencialismo de los Estados Unidos, sino en el contexto de la más limitadora (de poderes) democracia parlamentaria de las facultades presidenciales. En un estado de necesidad nacional tan palmario, como el sobrevenido el 11-S, una primacía constitucional del Poder Ejecutivo generaba facultades y exigía prontitud y contundencia indiscutibles. Tanto como absolutamente discutibles fueron los niveles de profesionalidad y eficiencia que se aplicaron, luego, en el chapucero desempeño de la tarea. Pero esto es otro asunto, de importancia menor si se quiere para el debate de ahora.
Nada tiene que ver, en efecto, con la cuestión constitucional de si se debió consultar o no a las Cámaras de Washington, el tipo de respuesta a una acción de guerra tan nada convencional como aquella del 11-S, con la que el terrorismo islámico acuñaba otro modelo o paradigma de fractura de la paz. Aquella inédita brutalidad fue un hecho a caballo entre la guerra propiamente dicha -por muy nueva que fuera- y la violencia terrorista pura y simple. Ocurrió como un suceso en la zona gris donde las categorías conceptuales pierden sus perfiles, y los valores morales el sentido que a cada cual corresponde.
Y junto a ello, se viene a plantear el debate de si puede corresponder al Parlamento la dirección técnica de la guerra; sea ésta la guerra contra el terrorismo o contra cualquier otro enemigo. El presidente Obama no debería picar en esto.
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