Mientras los abogados de Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, preparan un recurso contra la resolución dictada por el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) José Flors, crece la inquietud en las filas del Partido Popular ante el temor de que el presidente de la Comunidad pueda sentarse en el banquillo de los acusados frente a un jurado popular, acusado de "cohecho impropio" (artículo 426 del Código Penal) por los trajes supuestamente regalados por la trama del 'caso Gurtel'.
Frente a la impaciencia de la dirección del partido conforme pasa el tiempo se alza la seguridad de Camps ("estoy muy contento", declaraba el pasado martes) de que su caso va a ser sobreseído y que la Sala Civil y Penal del TSJV va a aceptar el recurso que están preparando sus abogados.
Todas las esperanzas de Camps se centran en la composición de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, una sala de claro perfil conservador y formada por jueces, algunos de los cuales tienen una relación de amistad con él y con miembros de su Gobierno.
La Sala que tiene que ver el recurso, está compuesta por cinco miembros, pero a los efectos de resolverlo sólo participarían tres de estos miembros: los magistrados José Francisco Ceres y Juan Montoro y el propio presidente del Tribunal Superior, Juan Luis de la Rua, que el miércoles cumplió su mandato y está a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial decida sobre su destino y sobre su puesto.
De la Rua es amigo de Francisco Camps, con él que mantiene no sólo unas excelentes relaciones institucionales sino personales. Podría ser recusado por las acusaciones, pero la ausencia por vacaciones del cuarto magistrado, Carlos Climent, hace difícil esa recusación.
Francisco Ceres, magistrado de la Sala Civil y Penal, ha intervenido en varios casos relacionados con dirigentes del Partido Popular y archivó, en su momento, unas diligencias contra el antiguo alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, por el llamado 'caso aparcamientos' y contra los antiguos concejales de Urbanismo y Tráfico del mismo Ayuntamiento, sin practicar ninguna diligencia.
Por su parte, Juan Montero, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y magistrado de la Sala Civil y Penal desde hace veinte años, exculpó, igualmente, al alcalde de Alicante que había exonerado Ceres, de un supuesto desfalco de seis millones de euros de Mercalicante.
Montero dictó sentencia la misma semana que el caso llegó a sus manos y, según la prensa local valenciana de la época, en el auto llegó a amonestar tanto al juez instructor como al fiscal de Alicante por haber dilatado durante años la instrucción del caso.
"No hay asunto alguno, sea cual fuere su complejidad, que permita una instrucción inacabada de más de seis años".
Probablemente, es el perfil de los integrantes de la Sala y el convencimiento de Camps de su inocencia, en un caso en el que se ha visto desbordado por los acontecimientos y en el que se han cometido muchos errores de estrategia jurídica y política, lo que ha influido en el presidente de la Generalitat valenciana cuando declaró que faltaban sólo dos escalones para que todo se aclarase y se resolviese.
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