El cambio en la cúpula del CNI, provocado por sospechas aun no confirmadas, me parece oportuno porque debería ser norma general estas actuaciones cuando existe sospecha de algo, si es que ese algo, es fundado y no por rumores de medios malintencionados. En este caso, todo está bien hecho y en el momento oportuno.

Lo que da autentica pena es ver el comentario del PP diciendo que esta acción llega tarde. Como conozco bien a la derecha española, que es muy particular en Europa, se que ellos piensan que casi todos los españoles somos bobos de solemnidad si no pensamos como ellos. Pero en este caso es que da risa pensar lo que dicen cuando ellos tienen encima lo que tienen hace meses y nadie dice nada más que aquello de la presunción de inocencia. Que solo existe en el PP. En el gobierno es presunción de culpabilidad únicamente. Pero Bárcenas y otros siguen con su sueldo fijo.

Me da cierto rubor leer algunas cosas de la prensa diaria. Y esta es una.

La pregunta es evidente y pretende conocer si el Sr.Rajoy no tiene noticia de los abusos económicos del Tesorero general del PP. Porque, lo lógico, parece que sería tratar de enterarse de lo que acontece y de los posibles abusos del Administrador del Partido antes citado. Pero toda la apariencia es que se está haciendo la vista gorda y de que no se quiere saber lo que realmente pasa.

Si lo sabe, es evidente que se está haciendo la vista gorda en un caso gravísimo de corrupción económica. Pero, también, que cada vez son más numerosos los casos de corrupción en dicho Partido.

No parece justo que un dirigente se de por no enterado de un asunto muy grave de corrupción económica. Pasar por alto asuntos que afectan a la honorabilidad de un Partido, que, por otra parte, aspira a gobernar, es pasar por alto asuntos gravísimos de tipo económico. Parece que se quiere tapar con el hecho de las aspiraciones políticas de Rajoy.

Pero la corrupción económica afecta directamente al político que la oculta o que la olvida. Cuando hay un problema económico grave en un Partido, en concreto de corrupción, hay que atajarlo caiga quien caiga, porque en ese caso la carga ética de la corrupción lo acompañará siempre. En este caso, la carga ética es negativa y dañina para el Partido en cuestión y para toda la Sociedad.

Porque cargará el político en cuestión con lo que de ética negativa tenga el caso y no valen componendas. Por eso sorprende que Rajoy no ataje el asunto con celeridad y urgencia y que de largas, como si el tiempo lo borrara todo. Porque el tiempo, en estos casos es tan tozudo que se vuelve y contra el inmoral y lo sataniza.

Mal camino si Rajoy quiere ir por esos senderos tortuosos, estrechos, paralizantes e inmorales. Los que lo contemplamos estamos estupefactos, aunque Rajoy no se inmute. Parece que de sabios es rectificar, aunque en estos asuntos rectificar es casi imposible. Eso creo. Y digo esto en mi despedida de Huesca.

Por fin parece que alguien de la judicatura se ha decidido a meterle mano al "caso Fabra" que se halla en proceso de instrucción en el Juzgado número 1 de Nules desde 2004 y por el que han pasado diez jueces y cuatro o cinco fiscales principalmente por cuestiones de haber pedido el cambio de destino o han ingresado en la empresa privada como asesores.

Pero ahora hay alguien que parece estar dispuesto a revisar los más de 25.000 folios escritos que dicen que el caso ha generado hasta ahora, ardua labor que de llevarse a efecto es digna de todo encomio. El que le ha echado valor a la cosa es un flamante juez que una vez realizadas las prácticas que se exigen para acceder a ostentar la titularidad de un juzgado, ha solicitado la plaza vacante existente en el citado juzgado de Nules. Jacobo Pin Godos, se llama el juez en cuestión y sobre el cual, no sé por qué motivo, Radio SER Castellón ha difundido que se trata del hijo de un conocido y activo militante del Partido Popular llamado Emilio Pin, de profesión abogado y que fue cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Alianza Popular y, cuatro años más tarde, formó parte en las listas municipales de Burriana y que por otro lado suele representar habitualmente a los populares ante las juntas electorales. No sé, pero para mí estos detalles sobran y me parecen un tanto tendenciosos. El hombre ha elegido el juzgado número 1 de Nules porque lo habrá considerado bueno para comenzar su carrera. En cualquier caso su decisión creo que la habrá meditado pues comenzar una carrera con más de 25.000 folios esperando ser revisados es algo que puede darle antigüedad en la profesión mucho antes de que acabe su lectura, lo cual profesional y laboralmente es bueno para él.

Yo creo que esta iniciativa puede hacer temblar a Carlos Fabra. ¿O no?

Uno pudiera pensar que, en España, se está produciendo un divorcio completo entre los españoles y sus instituciones; a la vista de la falta de sincronía entre lo que se está cociendo en éstas y aquello que parece estar demandando la ciudadanía. Es evidente que al pueblo español se lo está minusvalorando situándolo a la altura de los pobladores de alguna de las repúblicas africanas acostumbrados a estar dominados por los eternos "libertadores" que, si en algo se caracterizan, es por estar cortados todos por el mismo patrón, por su evidente egoísmo y desprecio por las libertades de los ciudadanos, convertidos en meros espectadores pasivos de las arbitrariedades, enriquecimiento, actos dictatoriales y desprecio por la Justicia de aquellos a los que están sometidos. No es que, a la vista de lo ocurrido en los últimos comicios legislativos, no tengamos motivos para sospechar del criterio de muchos de los que emitieron su voto por puro fanatismo hacia el PSOE; de temernos que los hubo que no tuvieron una visión clara de a dónde nos conducía el señor Rodríguez Zapatero con sus continuos vaivenes en política económica y con el sectarismo que siempre le ha caracterizado en cuanto a la falta de respeto de los derechos constitucionales de los españoles. En todo caso, hete aquí que la señora presidenta del Tribunal Constitucional ha vuelto a hablar y conviene que intentemos averiguar lo que ha querido decir con sus declaraciones.

Lo primero que debiéramos recordarle a la señora Emilia Casas es que, cuando se quiere presumir que una institución esté despolitizada, lo primero que debiera hacer es mirarse a sí misma. Es evidente que, esta señora, ya hace mucho tiempo que debiera de haber sido sustituida en su cargo por haber vencido el periodo de su mandato, pero no ocurrió así y todos sabemos a que fue debido: a que el Gobierno socialista de ZP se saliera con una ley nueva por la que se prorrogaba su mandato ¡necesitaban a la señora Casas al frente del TC para que no quedara desequilibrada la mayoría de magistrados de procedencia socialista! Si esto no es política que alguien nos lo explique. Por otra parte, todos en España han presenciado la desconcertante y escandalosa refriega que se produjo acerca de las incompatibilidades de algunos magistrados para tratar de los recursos presentados en contra de la legitimidad del Estatut catalán ¿es esto o no política o politiqueo, señora Presidenta?

Pero cuando, un tribunal de las características del TC, con toda su dotación de expertos jurisconsultos; con todo su elenco de primeras figuras en el ámbito constitucional y con todos los medios a su alcance para diseccionar hasta la última letra de este panfleto indecente que nos han colado a los españoles los de la Generalitat catalana ? cuando, para más INRI, quedó demostrado, en el referendo que tuvo lugar en Catalunya para su aprobación, que una gran mayoría del pueblo catalán no tenía ningún interés en él al votar a favor de su aprobación sólo un escaso 35% del censo electoral ?; necesita más de tres años para resolver los recursos que se presentaron ante él, entonces, señores, deberemos empezar a pensar que sólo existen dos motivos fundamentales para que un tema de tanta trascendencia para España, una cuestión tan lacerante para la unidad de todos los españoles y una banderilla de fuego clavada en el principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley; sufra un retraso de tanta consideración. Y creo que quizá, en las últimas declaraciones que han aparecido en la prensa, de la señora Casas, podamos empezar a encontrar una explicación posible a toda esta serie de retrasos, protagonizados por los componentes de tan alto tribunal, en parir una resolución sobre el tema de sí es constitucional o no, la dichosa Ley Orgánica..

Porque, señores, o bien los que debieran dictar resolución sobre la legalidad o ilegalidad del Estatut no estaban preparados para la tarea que se les encomendaba, en cuyo caso debieran haber sido cesados automáticamente o bien, existían circunstancias, había impedimentos, se produjeron presiones externas, se les recomendó prudencia para no interferir determinados procesos electorales, hubo enfrentamientos entre las distintas facciones de los componentes del tribunal o se produjeron amenazas, presiones o chantajes procedentes de grupos interesados en que se salvara el Estatut; para evitar un conflicto con los políticos catalanes -que no con la población, que poco le importa el Estatut y que está mucho más interesada en que no le pongan más impuestos o en que se les permita hablar en castellano, que en que el Tripartit se convierta en el administrador de miles de millones que cualquiera sabe en manos de quien irán a parar-; es decir motivos políticos, de alto nivel si ustedes quieren, pero al fin y al cabo politización total para influir, puede que decisivamente, sobre el sentido de la sentencia.

Pero ha sido la propia señora Presidenta del TC la que, con diáfana claridad, ha dicho una frase que nos aclara por donde van los tiros. La señora Casas ha dejado caer ante los medios de comunicación, con relación al tema del Estatut, la siguiente frase: "debería satisfacer a todos" ¡Si, señores, debería satisfacer a todos para que así el TC no salga tocado en el intento y pelillos a la mar" ¡Pero señora mía, desde cuándo las resoluciones sobre un tema tan espinoso "deben satisfacer a todos". No, señora, su contestación es absurda e impropia de una señora que ostenta su cargo. A quién debe satisfacer la sentencia es básica, únicamente, absolutamente y sin ningún matiz que lo ponga en duda, ¡a la Justicia! Es evidente que si el Estatut es ilegal y se rechaza no va a satisfacer a todos, lo mismo que si se considera legal; pero es que, aún que existan artículos que sean legales y otros que no, no se trata de que el tribunal intente contentar a todos aprobando la mitad y denegando la otra mitad, porque esto no es la función de un tribunal cuya misión es pura y simplemente determinar si las cuestiones que se le plantean están de acuerdo con la Constitución de 1978 o no, en cuyo caso, sin más miramientos, deben ser rechazadas.

Si a esta señora se la mantuvo en el cargo para que pasteleara con la ley se cometió un acto ilegal. El TC no está para contentar a todos o disgustar a algunos, su función es establecer si una ley, sea orgánica o no, se adapta a la Constitución o no, sea en todo o en parte. No resulte que, en definitiva, tengamos que admitir que las amenazas del señor Montilla, publicadas en el periódico La Vanguardia, en las que se advertía al TC de las consecuencias de una sentencia en contra del Estatut, vayan a resultar determinantes a la hora de dictaminar sobre si España es una nación o un reino de taifas.

Sr. Director:

A raíz del golpe de Estado en Honduras, veo con preocupación la deriva que está tomando su periódico o, más concretamente, algunos de sus columnistas sobre el asunto. Como lector habitual no puedo permanecer impasible ante tamaña muestra de ductilidad con el golpismo y el atentado contra el estado de Derecho.

Me refiero a los artículos escritos en los últimos días por el sr. José Javaloyes y el sr. Germán Yanke. Del primero cabe esperar siempre lo peor en cuanto a comentarios sobre Latinoamérica, sobre todo ese gusto tan xenófobo de tildar despectivamente con todo tipo de epítetos a los dirigentes que no son de su agrado haciendo referencia al color de su piel o su características físicas. El segundo, me desconcierta, pensé que era un periodista demócrata.

Como escribo, no suelo leer al tal Javaloyes, por una cuestión de "higiene mental", sin embargo, quizás llevado por un insano morbo quise saber qué opinión le merecía el golpe de Honduras y, desde luego, este señor estuvo a la altura (escasa) de lo esperado. En su escrito "Cruce de golpes en Honduras", ni corto (bueno, no menos corto de lo habitual) ni perezoso (ídem), se atreve a aseverar que de haberse aprobado el referéndum del domingo, don Manuel Zelaya habría podido continuar en el poder. Esto es mentira. La consulta -no vinculante- solamente se basaba en preguntar a la ciudadanía (¡menudo atrevimiento!) sobre si estaban o no de acuerdo con una modificación de la Constitución. Para poder cambiarla se tendrían que celebrar las elecciones previstas, renovar el parlamento, que éste aprobara la reforma y someterla a consulta popular. Un proceso tan arduo como en España. En todo caso, la palabra definitiva siempre la tendrían los hondureños.

Se cuida mucho el tal Javaloyes de proclamar que ha sido el Tribunal Supremo quien ha ordenado el secuestro y deportación de Zelaya porque, efectivamente, ha sido la autoridad electoral. Algo así a como si en España, la Junta Electoral Central manda el ejército a detener a Zapatero o al Rey. Muy democrático todo. Pero, ¿qué vamos a esperar?, el tal Javaloyes tiene de comentarista de Internacional lo que yo de monja alférez.

Más preocupante es lo del sr. Yanke. Esta cínica comparación entre los que perpetran golpes a punta de rifle y los que intentan cambios por la vía de las urnas -equivocados o no- es insostenible. Con todo, se ve que tampoco tiene mucha idea de lo que se decidía en Honduras el domingo, lo cual hace risible su argumentación, si no fuera porque nos encontramos ante un brutal atentado contra el estado de Derecho. Lo más gracioso es el título, "La falacia hondureña". Me sorprende que el periodista no recuerde, puestos a hacer memoria de falacias, la famosa "reductio ad Hitlerum" del profesor Leo Strauss de la que hace uso con toda tranquilidad. La falacia reza lo siguiente, "si Hitler apoyó X, entonces X debe ser malo". Como, para el articulista, Chávez, Raúl Castro u Ortega son como Hitler, unos golpistas y apoyan a Zelaya, éste también lo es. Puerilidad por no escribir otra cosa.

En el éxtasis de "su visión estratégica" se atreven a advertir a la OEA, a la UE (en especial, claro, a España), al sursum corda y, hasta EEUU, que no hagan el juego al totalitario autócrata derrocado. Por una vez que todas las instituciones y países del orbe democrático han elevado su voz contra el golpismo y por el restablecimiento del estado de Derecho, ya van los clásicos "vigías de Occidente" a dar lecciones a los demás de comportamiento ético. Mentiras y gordas.

Este camaleónico Psc, que se mimetiza con el paisaje que cree más favorable para conseguir votos, lo único por lo que demuestra interés el Psoe en cualquier Comunidad autónoma, junto con los nacionalistas catalanes aprueba la Ley de la Enseñanza Catalana, sin consensuar, teniendo en contra a sindicatos, padres y profesores. De ahora en adelante, salvo que la sentencia sobre el Estatuto tan dilatada en el tiempo por el Constitucional diga otra cosa, los niños catalanes solo estudiarán dos horas de español a la semana, es la única posibilidad que se les ofrece. Les guste o no a los nacionalistas, Cataluña forma parte de España, y con esta ley va a ser el único país del mundo donde sus estudiantes no pueden estudiar en el idioma oficial de su país, y tienen que estudiar obligatoriamente en el idioma regional. ¿No es un contrasentido que en Cataluña los socialistas hagan lo contrario que en el País Vasco, en que por razón de su alianza con el PP, su postura es completamente diferente? ¿Cómo puede explicar semejante paradoja, tal disparate? Si se hubiera unido al PNV haría lo mismo que en Cataluña sin sonrojarse? ¿Es esta una política seria, una política de Estado? ¿Una política sensata para los ciudadanos?

Dicen los diputados de CIU, PSC y ERC que la LEC (Ley de Educación de Catalunya) es la "ley más importante de toda la legislatura". ¿De qué sirve tener un tripartito de izquierdas en el gobierno, si cuando tienen que hacer leyes importantes se alian con la derecha dejando un miembro del gobierno fuera del pacto? Esta ley educativa sigue apostando y favoreciendo las escuelas concertadas, no es esto lo que le hace falta a un país con desigualdades sociales manifiestas. No es esta la política educativa que hacía falta para promocionar la igualdad de condiciones y restituir deudas sociales con las clases más desfavorecidas. Es triste darse cuenta hasta qué punto la clase política no mira por el bien común. Es triste, pero muy real, que debe ser la ciudadanía la que tenga que exigir el bien común. ¿Seremos capaces la ciudadanía de organizarnos para imponer agendas sociales? También es triste darse cuenta que la ciudadanía está terriblemente desorganizada y despolitizada mientras se mantiene: o bien sobreviviendo como puede, o bien entretenida consumiendo de manera alienada.

El nacionalismo catalán no ceja en su acoso y -¿derribo?- al castellano. Tras la aprobación del estatuto catalán por su Parlamento autonómico, saca todas las consecuencias que le favorecen. No hay nación sin lengua. Es su lema. Arrinconemos al castellano,(dos horas y tras el inglés) aunque sea inconstitucional y se vulneren todas las declaraciones de derechos humanos de los padres a escoger la lengua en que quieren educar a sus hijos y... tendremos el camino expedito para la independencia catalana. Con razón se ha llamado a esta ley (LEC) "exterminadora" del castellano.

Sr. Director:

Le remito el siguiente escrito para que, si lo considera oportuno, lo publique en la sección Cartas al Director. Corría el año 1973, era estudiante del extinto COU, recuerdo que en la asignatura Historia Contemporánea teníamos un profesor de aspecto regordete y bonachón, y que con el paso de los años le añadí los adjetivos osado e iluso. Estudiando la Revolución Francesa nos hizo mucho hincapié, en que aquel trascendental acontecimiento histórico fue obra de la burguesía para acabar con los privilegios del Antiguo Régimen Feudal. De la R. F. nacería el proceso constitucionalista, que traspasando las fronteras galas se extendió por el mundo entero. A propósito de la Constitución nos inculcó,¡en aquellos tiempos! que era la Ley de leyes de un estado y que nada ni nadie está por encima ni contravenirla puede. A raíz de la aprobación, por el Parlamento Catalán, de la ley de Educación Catalana no han faltado entusiastas voceros que proclaman, sin pudor alguno, que esta ley está blindada por el zapateril Estatut. Es decir que dentro de la Constitución puede existir un agujero negro. Ante esto me siento engañado ¿Me engañó mi osado e iluso profesor? ¿Me están engañando los indolentes y acomodaticios político, que entre otras cosas han jurado la Constitución?¿A caso me engañará el hiperpausado, superíntimo y megareflexivo Tribunal Constitucional? Sin duda alguien me engaña.

Según información aparecida en varias ocasiones y distintos medios de comunicación, un empleado contratado como "cargo de confianza" por la Mancomunidad de Municiapios de la Costa del Sol Occidental (Málaga), presta servicios como chofer, asistente personal y consejero, en la sede socialista de Málaga, siendo utilizado indistintamente por los secretarios General y de Organización del PSOE, Miguel Angel Heredia y Francisco Conejo.

Al parecer, el citado "cargo multiusos", está adscrito como cargo de confianza al vicepresidente primero de la Mancomunidad y alcalde de Mijas, con un sueldo de 33.077 Euros a los que hay que añadir otras percepciones en concepto de dietas, kilometraje y horas extraordinarias...

Según el PP malagueño, el citado empleado, solo acude 8 días a la Mancomunidad (de quien cobra) y el resto del mes presta servicios en el PSOE. Si esto fuera cierto, los pupulares ya han pedido explicaciones reiteradamente, el PSOE estaría equivocando conceptos, todo lo cual conviene quede aclarado y cuanto antes.

El "pluriempleado" en cuestión, cuyo trabajo se encuentra en tela de juicio, es un destacado militante de la Agrupación Socialista de Marbella y hombre de confianza del secretario Local y concejal del ayuntamiento de Marbella, consejero-delegado de la empresa de agua ACOSOL, Jose Bernal. Cargo para el que fue nombrado digitalmente, carente de la menor preparación y conocimientos (ver su curriculum) para ocupar dicho puesto con un sueldo cuya cuantía ha sido motivo de escándalo y altamente criticado por toda la prensa.

Seis meses han transcurrido desde que el equipo de gobierno municipal de C. Villalba tomase la decisión de suprimir los programas de garantía social en el ayuntamiento y despedir fulminantemente a los profesionales que los sacaban adelante.

En estos meses han sido muchas las muestras de protesta por la citada decisión, han sido cuantiosos los actos en repulsa por los despidos, se han publicado informaciones en múltiples medios de comunicación, varias cartas al director en diversos medios de prensa escrita han reflejado la injusticia cometida, se han recogido y entregado firmas de trabajadores en apoyo a los despedidos, numerosos partidos políticos, asociaciones, colectivos y personas han mostrado su desacuerdo con el atropello cometido, se presentaron reclamaciones por la vía administrativa con el fin de evitar la vía judicial...

Y todo está siendo un esfuerzo baldío, el ilustrísimo alcalde de la localidad y su equipo de gobierno están ignorando totalmente las mencionadas llamadas y cualquier posibilidad de entablar una negociación o solución al problema planteado.

Es preocupante comprobar que no siempre se cumple el compromiso del diálogo, y tristemente si se cumple aquel dicho que constataba que "No hay más sordo que el que no quiere oír."