Conforme mi gusto personal, que es lo que menos importa, mejor en cualquier caso un militar que un civil en la dirección del CNI. Pero más allá del gusto personal, creo incuestionable la necesidad, y no la simple conveniencia, de que el nombre del responsable de un servicio tan relevante para la seguridad nacional y la integridad del Estado, sea militar o sea civil, ha de ser un nombre consensuado entre las fuerzas más representativas y mayoritarias de la nación. Tal como ha considerado públicamente el Partido Popular.
Podría decirse que se trata, entre otras apreciaciones, de una razón de higiene institucional, de conveniencia práctica, sentido del Estado y estilo civilizado, maduro, de hacer política democrática. Esa que distingue con entera nitidez el Gobierno del Estado.
Si se consensúan normalmente (lo que no ocurrió actualmente con el nombramiento de Miguel Ángel Fernández Ordóñez) cargos o responsabilidades como la de gobernador del Banco de España, entre otras cosas para mejor afianzar la independencia e idoneidad del designado, ¿por qué no hacerlo en todo caso cuando se trata de dirigir el Centro Nacional de Inteligencia, cuya misión va mucho más allá, en términos de importancia, que la propia del primer instituto financiero de la nación?
Lo ahora actuado por el Gobierno del presidente Rodríguez no sólo es expresivo de un talante que contradice lo reclamado y prometido como propio. Lo que hace es certificar la baja percepción por parte del presidente del Consejo de Ministros, no sólo de las diferencias existentes entre Gobierno y Estado, sino también de aquellas otras que corresponden a las propias del Gobierno de las que corresponden al Partido que gobierna.
En el fondo, cuando se es tan indiferente o ajeno a la institucionalidad democrática, al estilo participativo, liberal y abierto del ejercicio del poder es porque, previamente, no funciona la brújula que marca el norte de lo nacional y la idea de la política como un precipitado de sentimientos y de proyectos solidarios en los que se asienta la confianza y medran las lealtades recíprocas y colectivas. Pero aquí lo que cuenta y pesa, el primado de demasiadas cosas, es el rencor regado por la incapacidad y por la ignorancia.
¿Qué hubiera costado, tras la necesaria dimisión de Alberto Saiz, que llama en su nota de dimisión "trabajadores" a los funcionarios y soldados del CNI, que el presidente del Gobierno hubiera consultado, por mera cortesía democrática, al presidente del primer partido de la oposición el nombre del general Félix Sanz para relevar al personaje cuya primera orden al llegar a la sede del CNI fue la de cambiar el diseño de los parterres?
Tal cortesía habría tenido como destinatario no sólo a quien representa al Partido Popular sino, principalmente, al propio general Sainz Roldán, para que no recayera sobre él, de modo mecánico, la presunción de que vaya a ser un instrumento del Gobierno, o incluso la opción de un partido, cuando lo suyo habrá de ser, y será, la ejercida misión de un servidor del Estado.
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