El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha retado al Partido Popular a querellarse contra él "cuanto antes" ante el Tribunal Supremo, por el caso de la subvención de diez millones y medio de euros de la Junta a Andalucía a la empresa Matsa (Minas de Aguas Teñidas Sociedad Anónima), empresa de la que su hija Paula era apoderada y asesora jurídica.
Manuel Chaves, que en varias sesiones de control en el Parlamento ha tenido que hacer frente a las preguntas de diputados del PP sobre las circunstancias de esas subvenciones, cuando el actual vicepresidente era presidente de la Junta de Andalucía, aunque cree que los dirigentes populares pretenden "manipular" al Tribunal Supremo, les ha animado a presentar la correspondiente querella contra él, lamentando "que los dirigentes populares se introduzcan en la política andaluza con tanto odio y tantos deseos de venganza".
El vicepresidente, en una complicada posición política, ya que hasta la Junta de Andalucía se ha negado a abrir una comisión de investigación sobre el caso, sólo ha aclarado que él desconocía que su hija gestionaba las subvenciones. "Yo sólo sabía que trabajaba en el departamento jurídico de una empresa privada. El resto son cuentos, manipulaciones y mentiras (...) Si gano ante los Tribunales habría muchas cosas que reparar por las ofensas que se han proferido contra mí".
El reto lanzado por Chaves, en pleno 'escándalo Gürtel', pone al Partido Popular en una difícil situación, sobre todo después del vodevil que se desarrolló en las sedes del PP en Madrid y Sevilla el pasado jueves 25 de junio, cuando se confirmaba que en el registro del Tribunal Supremo había tenido entrada una querella contra el vicepresidente tercero del Gobierno Manuel Chaves por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con la polémica subvención de la Junta andaluza a la empresa donde su hija ocupa el puesto de asesora jurídica y apoderada.
En un auténtico vodevil, mientras se intentaba averiguar de donde había partido la iniciativa, en un ambiente donde todos se echaban la culpa, y frente a la indignación de Arenas y el desconcierto de Antonio Sanz, horas después se retiraba la querella con el argumento de que pretendían ampliar la documentación y formularla en todos sus extremos, tras recibir una copia del expediente oficial de la citada subvención.
Según el PP, cuando se tuviesen todos los datos y se consiguiese la documentación completa, la querella se volvería a presentar, pero cuatro días más tarde no hay ningún dato que indique que la querella vaya a tener entrada, de nuevo, en el registro del Tribunal Supremo.
¿Con quién habló Javier Arenas ese jueves para ordenar la retirada de la querella? ¿Hubo alguien del Gobierno que se puso en contactos con el vicesecretario general del Partido Popular, el más claro defensor del tesorero nacional Luis Bárcenas? ¿Es posible que en un tema tan importante se haya producido tanta descoordinación en la dirección del partido y que, al final, las responsabilidades las haya tenido que asumir el abogado del partido, que, al fin y al cabo, es un profesional contratado que recibe órdenes? ¿Desde cuándo se retira una querella porque se esperan nuevos documentos importantes para el caso? ¿No es más lógico que, una vez presentada la querella, en vez de retirarla, se mantenga y, posteriormente, se aporten los nuevos documentos y pruebas que se vayan consiguiendo? ¿Por qué, hasta ahora, no se ha producido una reacción al reto planteado por Chaves? ¿Seguirá el PP adelante con la querella o se limitará a ganar tiempo hasta que se olvide el vodevil?
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