La peripecia judicial del llamado 'caso Gürtel', que trae de cabeza al Partido Popular y a sus dirigentes implicados en el lío y que hace los dedos huéspedes a sus adversarios del PSOE, va dando tumbos de juzgado en juzgado plagada de irregularidades, filtraciones y especulaciones. Empezó el caso hace más de un año la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de parte que aportó documentos y grabaciones. Una venganza, que suele ser casi siempre el origen de estos casos.
La Fiscalía trasladó a la Audiencia Nacional el caso cuando lo tuvo armado tras la correspondiente investigación. Y a renglón seguido empezó el caso paralelo en los medios y en el debate político electoral. En la Audiencia, con el juez Baltasar Garzón como instructor o por el hecho de que fuera el instructor, el caso tomó vuelo y varias derivaciones de esas que abren en canal a las familias de la magistratura y que ponen a prueba el nulo respeto que los políticos tienen por la justicia y por los tribunales y el uso partidista y desvergonzado que hacen de ellos, amparados en la fuerza que les da su capacidad para condicionar la carrera judicial y alguna carrera política de sus miembros.
De la Audiencia, por cuestión de competencia, el caso pasó partido en dos a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, y semanas después el Superior de Madrid envía parte del caso al Tribunal de Supremo, que aprecia competencia para parte de lo remitido y devuelve la otra parte. Y en el transcurso de ese viaje, ríos de tinta y de comentarios, juicios de valor, acusaciones... con los encausados de acá para allá. Incluso manifestaciones públicas y muchas declaraciones ansiosas y subidas de tono con nulo respeto a los valores democráticos y a la separación de poderes.
Los encausados van de una indefensión, que alegan reiteradamente, ya que se saben encausados pero sin conocimiento adecuado de los cargos y de la dimensión de las acusaciones, a una probable impunidad, ya que con tanto mareo se incumplirán plazos y se generarán circunstancias procesales para dar carpetazo, tal y como ocurrió con el llamado 'caso Naseiro' de financiación irregular de uno de los grandes partidos.
La extensión de la instrucción, el recorrido de juzgados, las cuestiones previas procesales, el ruido ambiente sitúan el caso, que debería ser simple y efectivo, en una dinámica complicada, politizada y singular, todo lo cual conspira directamente contra la justicia y la independencia de los jueces. Jueces que, a su vez, están haciendo un papel lejano a lo ejemplar, que tratan de sacudirse el bulto o parte del mismo y acotar sus responsabilidades.
Éste no va a ser un caso para la gloria de la justicia y de la política, más bien corre el riesgo de servir para animar el escepticismo ciudadano sobre todo ello. Los hechos son bastante evidentes, se conocen desde hace meses, pero dar vueltas sobre el mismo eje como para que en algún momento todo se diluya en la atmósfera con un carpetazo irreversible.
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