La semana anterior planteamos en el primer artículo de esta miniserie de dos, los temas referentes al nuevo Protocolo de Copenhague que sustituirá al de Kioto, tras llegar éste el final de su vigencia en el 2012.
Ahora, en relación con el nuevo texto a negociar en la capital danesa, según veíamos en nuestra primera entrega, la
pregunta del millón,
es: ¿Serán los resultados de la Conferencia de Copenhague del próximo mes de diciembre de tanto alcance como se reclama?
Todo depende de que se confirmen las aspiraciones de la UE y de cuáles acaben siendo los compromisos que asuma EEUU así como las grandes economías emergentes. Como igualmente resultará decisivo lo que suceda con el previsto protocolo sobre
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal,
con el cual se pretende financiar a una serie de países para evitar la tala y quema de bosques húmedos tropicales. Tanto por lo que eso supone de pérdida de biodiversidad y recursos naturales, como por el hecho de que tan extensos incendios son los causantes del 20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero totales del planeta.
Como ya anticipábamos, en el tablero de ajedrez de Copenhague, han de mover ficha EEUU y China, porque ellos son los responsables de más de la mitad del problema, lo que les obliga, aunque lleguen con un cierto retraso, a una conciliación de sus intereses con los generales del mundo. Estando claro que sin su contribución, nada sería posible.
En cuanto al ambiente en que ha de situarse la conferencia de Copenhague, Anthony Giddens, antiguo director de la London School of Economics, y sociólogo célebre al haber enunciado su tesis (más trasnochada que otra cosa) de la
Tercera Vía,
manifiesta en un reciente libro,
The Politics of Climate Change,
que el nuevo desarrollo verde exigirá de aproximaciones innovadoras en las políticas en cuestión. Lo cual será más fácil si se llega a comprender que la gente cambia con mayor facilitad sus hábitos manirrotos de consumo si se le ofrece un mejor futuro; en vez de presentar, de manera alarmista, un panorama dantesco, tal como hacen con frecuencia muchos
viejos y jóvenes verdes,
que a veces hasta parecen regodearse en predicciones apocalípticas.
En otras palabras, con la que ya se llama
Paradoja de Giddens,
las observaciones abstractas y lejanas sobre una gran crisis, por dramáticas que sean, no llegan a inducir verdaderos cambios de actitudes y conductas. A diferencia de lo que puede suceder con un lema tan optimista como el
Yes we can!
de la campaña de Obama a la presidencia de EEUU; que inspiró el cambio a una mejor forma de vida, mucho más de lo que habría resultado con las evocaciones de negros cataclismos.
Otro estudioso de la cuestión, David MacKay, se muestra preocupado de cara al nuevo Protocolo por el excesivo entusiasmo en relación con las energías alternativas, de cara a la
descarbonización de la actividad económica.
Y tomando como ejemplo Gran Bretaña, plantea que si se pretendiera omniabastecerse con energías alternativas, habría que cubrir todo el país con aerogeneradores, aunque el viento no sople en todas partes; para al final no conseguir más allá del 10 por ciento de la demanda energética total. Y si se sembrara toda la superficie agraria útil británica a fin de obtener energía, tampoco se lograría gran cosa: con los biocombustibles resultantes no se cubriría ni al 12 por ciento de las necesidades de energía. Desde esas reflexiones a preconizar la energía nuclear no hay, pues, más que un paso.
Ante un desafío tan colosal como el que se discutirá en Copenhague, la cuestión clave radica en transformar el sistema energético actual, al objeto de hacerlo sostenible. Con un importante aumento de las energías renovables, pero mejorando al propio tiempo la eficiencia en la generación y el consumo, y dejando de demonizar la nuclear. Esto último, en contra de lo que tantas veces se hace desde posicionamientos oficiales; como sucedió en los tiempos
más verdes
de Alemania, Suecia e Italia; y como actualmente ocurre en España, ya claramente en declive, desde la propia Presidencia del Gobierno.
A todos esos respectos, el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, manifestó en Bonn, el 4.VI.09, que la cumbre de Copenhague será la "última oportunidad para combatir el cambio climático y evitar así que se alcancen niveles extremadamente peligrosos y virtualmente irreversibles". Y precisamente, para afrontar esas dificultades con una cierta antelación, en abril del 2009 el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE, aprobó una directiva con un paquete de medidas sintetizadas en la meta 20-20-20 por ciento. Esto es, alcanzar el 20 por ciento del consumo energético a través de energías renovables, mejorar en un 20 por ciento la eficiencia energética y recortar en otro 20 las emisiones de CO2.
El objetivo del 20 sobre energías renovables podría conseguirse estableciendo metas nacionales obligatorias (desde un 10 por ciento para Malta hasta un 49 por ciento para Suecia), y con la concreción de que al menos el 10 por ciento del combustible para transportes debería ser de tipo biocombustibles, hidrógeno,
electricidad verde,
etc. En cuanto a eficiencia y ahorro energético, las posibilidades son inmensas, y podría conseguirse que con el actual suministro eléctrico se llegara a un PIB un 30 por ciento menor que ahora; sólo con erradicar los abusos y malos usos en alumbrado público y privado, exigir mayores aislamientos térmicos en la edificación, y sustituir lo más obsoleto de los equipos actuales que funcionan con electricidad. Para lo cual habría que desarrollar todo un
triálogo ad hoc
con las empresas generadoras y los consumidores.
Además, en la línea de la reducción del efecto de los combustibles fósiles, hay que impulsar la utilización de tecnologías de captura y almacenamiento geológico del carbono; en la idea de retirar de la atmósfera la mayor parte de las emisiones de la industria y en la generación de electricidad. Adicionalmente, en el sector industrial habrían de encarecerse las subastas de derechos de emisión de CO2; con una valoración progresiva de los mismos.
La directiva comunitaria a que nos hemos referido, habrá de ser adoptada como ley nacional en un plazo de 18 meses en todos los países de la UE. Y se fijarán las decisiones finales en función de lo que finalmente suceda en Copenhague, donde cabe esperar que todos lo países sepan asumir sus obligaciones; evitando los
ventajismos
y argumentos falaces utilizados hasta ahora.
En definitiva, es preciso volver a reconocer que todos vivimos en un solo mundo y que la atmósfera no tiene fronteras nacionales.
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