Mientras se acerca la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, el partido gubernamental negocia en el Congreso el techo de gasto para el próximo año. Es un síntoma de lo que puede venir y, desde luego, de las intenciones del Gobierno para constituir una mayoría y, como se va viendo, el propósito no es otro que negociar con los pequeños grupos por razones distintas a la consecución de un gran pacto estable y razonable para encarar la crisis económica. Se trata, más bien, de sortear esa posibilidad pactando apresuradamente con Izquierda Unida para no perder el pedigrí de izquierdas (como si lo diera IU), con Esquerra como testaferro aprovechado de los socialistas catalanes (como si representara el viejo concepto de la "España plural") y con Coalición Canaria, que son votos, como se va viendo, perfectamente intercambiables por un plan y unas inversiones particulares.
Es difícil entender esta estrategia desde el punto de vista de los intereses generales. Se puede comprender como la consecuencia de una decisión negativa -no pactar con el PP, no hacerlo ahora con CiU, no poder hacerlo seriamente con el PNV-, pero no como el resultado de buscar el acuerdo más razonable para, de manera estable y con el más amplio respaldo, afrontar la crisis y las reformas que nuestro sistema económico precisa. Tampoco es, como a veces se apunta, una opción ideológica, que no se justificaría ni por la mezcolanza ni por la traslación injustificada al escenario nacional de los acuerdos establecidos en Cataluña. Ideológica no, aunque da la impresión de que es una opción política: CiU no interesa en estos momentos, el PP nunca, deben quedar fuera del escenario. Un lamentable error porque la gravedad de la crisis, y la necesidad de generar confianza, precisa el acuerdo más amplio, en el que el PP debería estar sin duda, sobre todo en esta legislatura en la que los dos grandes partidos reúnen una representación muy superior a la que tuvieron en anteriores etapas.
La necesaria eficacia de esos acuerdos debería incluir no sólo medidas económicas, sino también políticas, porque la cohesión del país y la coordinación entre las distintas administraciones es fundamental en esta hora. Ni España puede permitirse demorar por más tiempo las reformas necesarias -que son una y otra vez exigidas o recomendadas por expertos y organismos internacionales- ni puede soportar que una financiación autonómica entendida como una subasta y con la amenaza de veto a las políticas generales caiga como una losa sobre el presente y el futuro inmediato.
Ha sido posible en el País Vasco porque se ha dado prioridad a los problemas que debían ser solucionados. Y debería serlo en España sobre algunas de las cuestiones esenciales apuntadas más arriba. El pacto de apoyo a Patxi López demuestra que lo razonable no contamina las expectativas de los partidos, sino que es bien entendido por los electores de uno y otro lado. Los socialistas vascos han tenido un resultado en las elecciones europeas mejor que el resto de sus compañeros en otras comunidades autónomas. Los populares han tenido menor porcentaje de votos por la presencia de la candidatura de Iniciativa Internacionalista, pero más votos que en la última consulta, en la que ya resistieron bien sus dificultades internas de los últimos tiempos.
La opción de volcarse hacia minorías con representación aún más reducida que en el pasado reciente supone, además, la aceptación reiterada de chantajes políticos y la prevalencia de intereses particulares sobre los generales. Es, por tanto, una opción poco conveniente, irreal en relación a los objetivos razonables, absurda desde el punto de vista de la confianza que ha de generarse y, además, no asegura ni la fidelidad de los propios. Son, no hay duda, tristes pactos...
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