Suficientes o no, abundan los que opinan que sin reforma del mercado de trabajo la economía española nunca superará su estigma de padecer desempleo o, visto de otra forma, su probada incapacidad de crear suficiente ocupación. La última voz que lo ha expresado de forma contundente ha sido el presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, en su reciente estancia en Madrid. Sólo que, igual que quienes han opinado lo mismo antes, ha suscitado reacciones más airadas en contra que juicios templados a favor.
Dejando aparte los motivos, la realidad es que oponerse a la reforma del mercado de trabajo constituye un marchamo de progresía que, como suele suceder, coloca en zona retrógrada a quienes la patrocinan como una de las recetas que urge aplicar para superar la actual situación de crisis. La cosa se ha posicionado de tal modo que todos han ido perdiendo razones y ahora mismo es racionalmente dudosa cualquier inclinación.
Que algo peculiar ocurre en el ámbito laboral español resulta casi imposible de discutir. La velocidad con que se está destruyendo empleo es tan insólita como el ritmo al que se creaba antes del 2007. Baste tener en cuenta que ningún país, en ningún momento de la historia, había sido capaz de absorber en apenas siete años alrededor de cinco millones de inmigrantes que, en términos relativos, suponían cerca del 15 por ciento de la población total. Pero tampoco se debería pasar por alto que, incluso en los momentos de mayor expansión, la tasa de paro nunca bajó del 11 por ciento.
Cabe pensar, por tanto, que algo estructural disocia el modelo español de los demás. Reducirlo a un único factor, sean los costes del despido, las modalidades de contratación o cualquier otro de los que suelen barajarse para incurrir en reduccionismo dialéctico, no es más que un modo de pervertir y hacer imposible cualquier aproximación seria al asunto. La evidencia de que algo falla contrasta con la escasa disposición a buscar un modo de resolverlo.
No deja de ser llamativo que se cite muy a menudo la extensión de la cobertura a los parados como uno de los frutos probables del llamado diálogo social y no se diga nada de medidas para propiciar que los parados puedan trabajar. Sin duda, no dejar desprotegidos a los desempleados es importante, pero ¿debe ser prioritario? ¿No sería mejor dar prioridad a la generación de empleo, dejando el subsidio como remedio de última instancia?
Buena parte de quienes discuten a uno y otro lado, a favor y en contra de reformar el marco laboral, andan escasos de razón porque han sacralizado las dos posturas, dándole una incidencia que dista de ser real. Ningún modelo impulsará la recuperación por sí solo, pero está bastante demostrado que el vigente puede mermar fácilmente capacidades a una economía
reverdecida
para dar ocupación a más del 89 por ciento de la población.
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