Un duelo quizás apasionante, en el que se debate en torno a ideas, la mayor parte de ellas preconcebidas y con alta carga ideológica. También se cruzan algo más que ideas: compromisos, intereses políticos y económicos y la permanente y eterna necesidad de no romper con las esencias. Hay en estos momentos dos campos más o menos definidos.
En uno de ellos se alinean Trichet, Fernández Ordóñez y Almunia, por citar tres ejemplos, quizás los más ilustres, aunque la lista sería larga, ya que también la patronal CEOE forma parte del grupo. En el otro están Zapatero y Corbacho, amén naturalmente de los líderes sindicales. En medio, el drama del paro, que en España aumenta a una velocidad de espanto, la mayor de Europa, con 4 millones de parados, que algunos agoreros dicen que pueden ser 5 millones, aunque eso pertenece al territorio de los futuribles, en los que mejor no adentrarse.
Cada uno de los contendientes de este pintoresco debate se ha hecho acompañar por expertos. Los primeros cuentan con un análisis de distinguidos economistas que respaldan sus tesis. El otro grupo no se ha quedado atrás: ha impulsado la elaboración de un completo informe en el que los 100 expertos del primer grupo se convierten nada menos que en 700. Los dos bandos mantienen posiciones bien diferenciadas. La suma de materia gris en ambos bandos no es pequeña ya que en ambos grupos se alinean catedráticos, doctores, sociólogos, expertos en fin de las diversas materias que tienen que ver con el empleo, el paro y la legislación, incluso de economía de la empresa. Los dos informes han sido aireados por los patrocinadores de las dos grandes tendencias y manejados como argumento de autoridad. En ambos informes se formulan propuestas, se hacen diagnósticos, se explican los orígenes del problema y se esgrimen planes de actuación.
Estos dos informes, de reciente factura, redactados al calor de la crisis económica, se unen a otro que encargó el Gobierno con expertos más o menos neutrales respecto de los partidos políticos y que en el año 2005 preparó un documento para el diálogo social. Era lógicamente otra época y el informe en cuestión pasó de soslayo. Sus siete autores están entre los firmantes de los dos documentos más recientes. Lo que se deduce de tanto informe es que hay dudas muy serias de que la lucha contra el paro tenga una solución fácil y simplista. Todos ellos proponen medidas de reforma, lo que evidencia que nadie está de acuerdo con el marco existente. Las diferencias afloran cuando se busca la puerta de salida.
Las posiciones están tan enquistadas que ni siquiera con la tremenda crisis, de auténtica emergencia, que nos invade hay esperanzas de que cristalice algún tipo de acuerdo verdaderamente útil. Componendas puede haber muchas y de hecho parece que ese será el final de esta nueva operación de búsqueda de un futuro mejor para la normativa laboral. Si en algo han coincidido ambas partes es en la necesidad de que la economía reaccione y el Gobierno sea capaz de articular medidas que sirvan para encauzar el crecimiento económico por el lado positivo. Sólo cuando hay riqueza se puede afrontar la tarea de distribuir el empleo. Si lo que hay es una recesión como la actual, poner de acuerdo a todo el mundo sobre el reparto de la escasez se antoja imposible. Lo fácil sería argumentar que el Gobierno tiene la responsabilidad de asumir su papel y liderar un plan de emergencia para empleo. Pero vistas las reacciones de Zapatero este mismo martes, estrictamente a la defensiva, cabe dudar de que el presidente se encuentre en condiciones de afrontar gestos heroicos. Máxime si lo que le atribula ahora mismo es la imperiosa necesidad de no perder votaciones en el Congreso aunque para ello tenga que pactar con fuerzas políticas minoritarias que se encuentran en las antípodas del propio partido gobernante.
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