El presidente valenciano, Francisco Camps, está encantado, sonriente y satisfecho porque ¡por fin! -dice- ha podido declarar ante el Tribunal que investiga sus trajes y los contratos públicos del tío de los bigotes, el famoso Álvaro Pérez. Al parecer Camps le ha dicho al juez que pagó sus trajes con dinero en metálico, y que no tiene las facturas, aunque falta por saber si ese dinero se lo dio al bigotes, a la tienda o al sastre José Tomás, que hoy acude a declarar. De momento, de las conversaciones telefónicas del tal bigotes se han extraído versiones que no coinciden con las de Camps, porque en ellas se afirma que los citados trajes los compró él para prestarlos a los políticos.
En suma, permanece el misterio y lecturas enfrentadas de lo ocurrido en el tribunal: para el entorno del Gobierno, Camps sigue imputado; mientras que para Rajoy ha salido muy bien, porque no se ha producido ninguna nueva imputación o actuación del juez instructor contra él. La realidad es que por ahora siguen las actuaciones y quedan muchas personas por declarar antes de que el magistrado decida, o no, llevar a juicio al presidente valenciano y acusarlo, o no, del presunto delito de cohecho que por ahora investiga, o de algún otro que pudiera desprenderse de las actuaciones en curso.
La estrategia de Camps, a pesar de su hermetismo, se va aclarando porque todo apunta a que el presidente pretendía su exculpación inmediata antes de tener que explicar lo de los trajes y los concursos públicos. Pero, por el momento, no le ha salido bien y permanecerá preocupado hasta que el juez instructor levante el velo del sumario y tome una decisión sobre si hay base para ir a juicio, y para embarcar al presidente en semejante proceso. Lo que no es fácil porque para ello deben existir indicios razonables de cohecho y de una clara relación causa-efecto entre los trajes presuntamente regalados y los contratos públicos otorgados a Orange Market, la empresa del bigotes.
Sin embargo, de momento ya sabemos que hubo trajes gestionados por este personaje bigotudo, lo que de por sí ya es bastante sorprendente, como si en Valencia no hubiera sastres. Además hubo pagos, según el propio Camps, quien dice que los abonó en metálico, algo sorprendente y para sospechar. Además, parece probado que empresas de la trama de Correa hicieron esos pagos de los trajes, según se aprecia en cheques y transferencias bancarias, aunque Camps habrá podido decir que él entregó el dinero al bigotes y que no sabe cómo se hizo llegar a la sastrería madrileña. En fin, regalos o no, lo cierto es que todo ello no huele nada bien.
Y sobre todo, ¿por qué Camps no explicó a la opinión pública todo lo que ha dicho hoy al tribunal? Pues porque pensó que al término de sus palabras el caso lo iban a archivar. Pero no ha sido así y todo este tiempo perdido, y al margen de lo que ocurra al final, ha tenido un alto coste para su partido, que está asustado con el caso, dañado en la campaña europea, y obligado a dar la cara por él como la darán este fin de semana en un mitin electoral. Y esta falta de explicaciones, y la tomadura de pelo general de que él quería hablar y por eso no hablaba, puede que Camps lo considere una habilidad, pero no es para estar contento porque sabemos que hay cosas que no hizo bien, por pintorescas que parezcan, y porque todavía falta la decisión final sobre si hay o no juicio. Y si lo hay entonces se dirá que hay que esperar la sentencia final. Mejor sería que no lo hubiera, pero hay que esperar.
Por supuesto, a todo ello hay que añadir la injerencia política del PSOE y del Gobierno en el caso, con las concertadas y sospechosas reuniones del juez Garzón y del ex ministro Bermejo, y sobre todo la filtración impune del sumario, que no para de crecer en Valencia y en Madrid sin que nadie ponga coto a ese desafuero. Pero éste, por impresentable que parezca, y lo es, es otro cantar.
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