El Ejecutivo de Zapatero ha adoptado dos decisiones que se califican de progresistas y que son, además de innecesarias, irresponsables. Y de tales calificativos no las redimen que sean decisiones que mantienen a España en el liderazgo del progresismo occidental. Antes, por el contrario, son medidas que imputan al Gobierno como incompetente. La primera, el anteproyecto de ley del aborto; la segunda, la dispensación sin prescripción médica de la píldora -abortiva o no, según los casos- para el "día después" de una relación sexual que podría desembocar en una gestación.
El dato más preocupante es que tanto el proyecto de ley ("De salud sexual y reproductiva") como la píldora poscoital permiten que el aborto o la ingestión de la medicación se produzcan, en ambos casos, sin la autorización paterna a partir de los 16 años -es decir, a una edad en las que las jóvenes no pueden ni votar, ni consumir alcohol en un establecimiento público ni adquirir un paquete de cigarrillos- y, por tanto, resultan ser actos tan libérrimos que ni los médicos ni los farmacéuticos podrían negarse a practicar o dispensar, bien el aborto, bien la píldora poscoital, respectivamente.
El anteproyecto de ley de "Salud Sexual y Reproductiva" (aborto), por si fuera poco, mezcla el sistema de plena liberalización (hasta las 14 semanas) con el de despenalización por indicaciones (de las 14 a las 22 semanas con indicaciones someras en ese tiempo intermedio, y a partir de las 22 con otras que requieren valoración médica más concienzuda), de tal suerte que el aborto ilegal, después de los tres meses y medio de gestación sigue siendo delito. Un engendro jurídico que desprotege por completo al embrión en la fase inicial y que, a partir de ese estadio de desarrollo intrauterino, lo sume en la más absoluta inseguridad jurídica. Y todo ello, insisto, sin que una joven de 16 años deba dar cuenta, requerir autorización o informar, a sus padres, pese a estar bajo su patria potestad tal y como establece el Código Civil, que cifra en los 18 años la mayoría de edad.
¿Dónde estaba la demanda social para semejante decisión normativa? En ninguna parte. Es una medida para seguir cultivando el progresismo gubernamental que, en este asunto, y en el de la píldora poscoital, podría volverse contra el Gobierno, porque la ley de "Salud Sexual y Reproductiva" es tan irresponsable que, tal y como está la correlación de fuerzas en el Congreso, bien podría quedar bloqueada. Amplios sectores socialistas no sólo consideran que la actual ley del aborto -despenalización en los supuestos en los que concurre una indicación- es perfectamente adecuada y constitucional, sino que la nueva que pretende Zapatero es radical, innecesaria e irresponsable y, seguramente, contraviene la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto que ya adujo en su momento que la Carta Magna presta protección jurídica al embrión.
Alberto Ruiz-Gallardón ha ordenado que la píldora poscoital se dispense en los centros de salud municipales con receta médica; otros responsables de autonomías y municipios van a continuar la senda del alcalde de Madrid y la clase médica va a ir construyendo razonadamente un conjunto de argumentos, de tal forma que esas instancias públicas con competencias sanitarias -municipales y autonómicas- y esos colectivos profesionales -médicos y farmacéuticos-, además de la oposición del PP y de los partidos nacionalistas y las corrientes sociales antiabortistas -las más sensatas-, pueden hacer encallar esta doble irresponsabilidad progresista de Zapatero. Que no debe engañarse: la oposición no le viene en este caso sólo ni principalmente del PP. Le llega de la propia sociedad que, además de no detectar necesidad alguna de cambiar la ley, percibe en estas nueva normativa en ciernes una manipulación ética colectiva y una irresponsabilidad procaz de los mecanismos de autoprotección y equilibrio de la propia sociedad.
La demagogia progresista ha quedado desnuda en su expresión más indecorosa con dos decisiones que, además de no contemplar los elementos morales que conllevan, se perciben como ajenas al sentido de responsabilidad que todo Gobierno debe salvaguardar.
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