El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, se enfrenta, desde este martes, con una semana crítica porque se le puede venir abajo toda su estrategia frente a los casos de corrupción provocados por la "operación Gürtel" y que se ha extendido por las Comunidades de Madrid y Valencia, afectando a alcaldes, concejales, diputados autonómicos e, incluso, a un presidente de Comunidad...
A la mala noticia de que siguen las investigaciones por parte de un juzgado madrileño y de la Fiscalía Anticorrupción sobre el espionaje en la Comunidad de Madrid denunciado por el vicealcalde Manuel Cobo, por si hubo uso de fondos públicos para ese tipo de actividades ilegales, se une las comparecencias ante el Tribunal Superior de Valencia de varios imputados en el "caso Gürtel", entre ellos el presidente de la Comunidad, Francisco Camps.
Mientras Rajoy y la dirección nacional del partido han aplicado la mano dura contra los alcaldes de varios municipios de la Comunidad madrileña que supuestamente han recibido dinero de la trama de corrupción, y los ha suspendido de militancia, y una mano menos dura con los diputados autonómicos madrileños, a los que les ha permitido que conserven sus actas de diputados, con lo cual no pierden su condición de aforados, en el caso de Valencia. donde el presidente Francisco Camps ha pasado de "implicado" a "imputado", se ha decidido apoyar hasta el final a quien en su momento, en el congreso del partido en Valencia, más hizo por la continuidad de Rajoy al frente del partido.
Agradecido, quizás, por su apoyo en un momento crítico, y probablemente movido por la importancia que Camps y el partido que preside a nivel autonómico tiene a nivel nacional (se ha hablado incluso de las pretensiones del presidente valenciano por optar en un futuro incluso a la Presidencia del Gobierno), Rajoy ha decidido revestir su mano en un delicado guante de seda para tratar a Francisco Camps con una consideración que muchos dirigentes del PP (Alberto Núñez Feijóo, Pío García Escudero...) no comparten.
Rajoy, que no conoce nada de lo que el martes va a declarar ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia José Flors, ya que no ha sido informado de ningún detalle de la comparecencia, confía en que el presidente quede liberado la semana que viene de la imputación de un posible delito de cohecho según el artículo 425 del Código Penal. La semana próxima termina la primera ronda de declaraciones, entre ellas la del sastre José Tomás, que asegura que el presidente recibió como regalo tres trajes valorados en 12.000 euros de la trama que se investiga.
La realidad es que en los próximos días Camps puede dejar de estar imputado porque, entre otras cosas, el delito de cohecho es muy difícil de demostrar (habría que demostrar la relación entre los supuestos regalos y la intervención política para la concesión de determinados contratos) pero, ante los ciudadanos y ante los votantes, queda herido y con su credibilidad seriamente dañada.
Durante estos tres últimos meses, el presidente valenciano se ha negado sistemáticamente a dar ningún tipo de explicación en el Parlamento valenciano, no ha querido responder ante la prensa, ha venido sosteniendo que sus trajes se los paga él, y sólo ha comparecido en público para insistir en que no hay "nada de nada".
Más atento al consejo de sus abogados que a la estrategia de sus asesores, el presidente valenciano, siguiendo la misma táctica de Génova, ha intentado demonizar al juez instructor Baltasar Garzón y a encerrarse en sí mismo, olvidando que, además de las responsabilidades penales de las que puede ser exculpado, hay otro tipo de responsabilidades con sus votantes y con el resto de los ciudadanos.