Si el presidente de Valencia ha hecho algo ilegal deberá pagar por ello, no hay duda, pero antes hay que demostrarlo. Si ayer, hablando del 'caso Gürtel', se constataban los fallos y las exageraciones de la instrucción hasta el punto de que dos de los tres supuestos delitos fueron desechados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, ahora se le vuelve a atacar con una supuesta conversación en la que mostraría una profunda amistad con Álvaro Pérez, imputado por su participación en la trama, y en la que, hablando éste con la mujer del primero, se hace referencia a unos regalos de Navidad que ella considera excesivos. El político valenciano tachó el contenido de la conversación de "mentira" y "montaje" y no quiso extenderse más porque en todo este asunto se ha limitado a señalar que, al final, todo el mundo sabrá "la verdad".
La sabremos, no hay duda, aunque, ante lo que está ocurriendo, el asunto no está ya en fiarse de Francisco Camps o del filtrador de la supuesta grabación o el medio de comunicación que la publica. Se trata más bien de exigir, en cualquier instrucción judicial y especialmente en las que tienen un efecto en la opinión pública, el mínimo rigor para que la citada alternativa sea fundada. La información de
El País
dice que la conversación se grabó con autorización o por orden judicial, pero no se tiene noticia de que forme parte del sumario ni de los documentos enviados por el juez Garzón al Tribunal Superior de Valencia. ¿Cómo puede ser? ¿Tiene la Audiencia Nacional, después de haberse resistido tanto para inhibirse, documentos que afectan a un aforado y no han sido enviados al tribunal correspondiente? ¿Consideró que el contenido de esa conversación, si es que realmente existió, no aportaba nada a la causa pero alguien, quitándose la venda con que se simboliza la Justicia, ha pensado que tiene "morbo" periodístico o que sirve a intereses políticos? Hay que subrayar que, además del tono tierno de la supuesta charla, la mujer del presidente del Gobierno de Valencia dice que no va a quedarse con el regalo recibido y que la referencia a hablar "de lo nuestro" puede entenderse como quiera cada uno poniendo en funcionamiento su imaginación.
Así que la opción no está entre creer a Camps o al filtrador, sino en defender la presunción de inocencia y el rigor de la instrucción (que también es parte del Estado de Derecho que se defiende tan ampulosamente). Mientras todo sean filtraciones interesadas, imputaciones de las que sólo quedan, en esta fase intermedia, algunos flecos, y retazos cuya interpretación depende de la imaginación, lo único evidente es una estrategia para perjudicar al presidente de Valencia. Si hizo algo irregular lo pagará, pero lo paradójico es que, hoy, a quien hay que pedir que cumpla la ley en este procedimiento es a la Audiencia Nacional, que es evidente que no lo está haciendo ya que, vulnerando las reglas de la instrucción, está mucho más cerca de la batalla política que de la búsqueda de la verdad y la justicia. Camps, por su parte, que difiere casi todo al final del procedimiento y a su exculpación en ese momento, tendrá que darse cuenta de que está en dos batallas: una es ésa, claro, la investigación judicial ahora en Valencia y sólo por un supuesto cohecho, y otra, evidente, en la opinión pública. Y en cada una de ellas las armas (o los procedimientos, para decirlo menos belicosamente) son distintos.
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