El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha adoptado una posición bastante beligerante frente al gobernador del Banco de España en relación con el tema de las pensiones futuras y de la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. No es que Fernández Ordóñez la pusiera en duda (la solvencia del sistema) en su tan comentada intervención ante la Comisión del Pacto de Toledo.
El gobernador se limitó a decir que los números se estaban estirando más de la cuenta, que los gastos crecen mucho y que los ingresos encogen y que la Seguridad Social podría entrar en déficit en cosa de un año (se supone que hablaba del año 2010), lo que significa que el sistema vive momentos tensos y difíciles, ante los cuales hay que pensar si es conveniente tomar medidas. Fernández Ordóñez no las propuso, simplemente se limitó a explicar y a divulgar las que están tomando los demás países.
Ya se ha conocido el informe que en aquella sesión anunció el gobernador, informe elaborado por el Servicio de Estudios del Banco de España, en el que se analiza todo el problema con detalles técnicos y se supone que con el rigor habitual con el que se manejan las cifras y los análisis en esta institución. Y el informe es algo más explícito a la hora de abordar las posibles soluciones o retoques al sistema, cuya finalidad es lograr que los gastos presionen menos a medio plazo de forma que los futuros pensionistas tengan razonablemente asegurada su pensión pública. ¿La tienen hoy en peligro? No está claro ni que peligre ni que no peligre. Todo depende, lógicamente, de cómo evolucione la economía en los próximos años, ya que si el empleo decae, el número de cotizantes será menor y el riesgo de desequilibrio en el sistema será también mayor.
El ministro ha declarado este mismo miércoles algo que podría parecer insólito si se mira con cierto espíritu crítico. Ha venido a decir Corbacho que las pensiones están aseguradas hasta el año 2025. No se sabe bien por qué ha dicho hasta el año 2025, pero dando por supuesto que sus análisis se basan en cálculos correctos (hipótesis que puede ser puesta en duda, vistas las previsiones que maneja el ministro en otros renglones de la vida laboral y su alto grado de error), la afirmación puede resultar frustrante para los españoles con empleo que cotizan a la Seguridad Social y que tienen menos de 50 años de edad.
En teoría, estos cotizantes, llegada su jubilación dentro de 15 ó 16 años (es decir, en el año 2025) podrían estar fuera del paraguas de seguridad y certidumbre que generalmente ha ofrecido el sistema de protección social español. ¿Es que a partir del año 2025 no se pueden asegurar, a día de hoy, como se hace con las pensiones hasta esa fecha, que los jubilados que ahora tiene 50 años y dentro de 16 años tendrán 65 o 66 años quizás no perciban su merecida pensión? La sombra de duda que ha arrojado hoy el titular de Trabajo sobre los pensionistas (actuales cotizantes) del año 2025 en adelante se antoja fruto de una grave irresponsabilidad. El propio Corbacho (y no fue el único en el Gobierno) no dudó hace unos días en afearle de forma pública a Ordóñez sus declaraciones porque generaban incertidumbre innecesaria en millones de ciudadanos españoles. La afirmación de Corbacho poniendo límite en el año 2025 a la solvencia del sistema también podría ser tachada de grave irresponsabilidad, con el agravante de que muchos españoles en activo con 50 años de edad o menos se preguntarán qué hacen con sus aportaciones a la Seguridad Social si a partir de sus 65 años de edad puede que no tengan seguridad de percibir la pensión.
Naturalmente todas estas cábalas forman parte de un ejercicio que esperamos sea pura ficción y que deje paso cuanto antes a un análisis serio y riguroso de los riesgos financieros del sistema y de los posibles cambios que se puedan introducir para mejorar el grado de seguridad que deben tener los españoles, cotizantes actuales y futuros beneficiarios, de un sistema que es susceptible de mejora. Sería bueno dejar trabajar a la comisión especializada del Pacto de Toledo, para que en el sosiego de sus análisis pueda proponer las reformas que posiblemente necesita el sistema para amarrar aún más su grado de solvencia. El ruido que se ha levantado en torno al asunto en las últimas semanas estaba y está de sobra. Las reflexiones de Ordóñez ante la comisión de seguimiento del Pacto nunca debieron ser trasladadas al escenario político, como han hecho algunos miembros del Gobierno. Al fin y al cabo, Ordóñez no ha hecho más que cumplir con su obligación. Corbacho y algunos otros políticos deberían leer las leyes que regulan las obligaciones y responsabilidades del gobernador del Banco de España.
RSS
