La instrucción del llamado 'caso Gürtel' en el juzgado de la Audiencia Nacional a cargo de Baltasar Garzón mezclaba, sorprendentemente, churras con merinas, y en el afán de mantener tal mezcla -tan atractiva mediáticamente- se ha tirado por la borda el secreto sumarial (que afecta a los derechos de los justiciables) y la seriedad que los ciudadanos, más allá del morbo del espectáculo, pueden esperar de los tribunales, sobre todo de los juzgados de una institución tan especial y sensible como la Audiencia Nacional.
A nadie se le oculta que se buscaba establecer la financiación ilegal del PP más allá de los delitos que pudieran imputarse a personas concretas. Las referencias al tesorero del partido, Luis Bárcenas, y la inclusión de ese supuesto delito y el de tráfico de influencias en la documentación enviada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia van claramente en este sentido. Sin embargo, toda la marabunta organizada por el propio juez sobre este tema, en muchas ocasiones incluso en contra del punto de vista de los fiscales, se ha quedado en nada. Ni la Fiscalía ni el Tribunal Superior de Madrid han encontrado indicios suficientes para remitir lo correspondiente a Bárcenas al Tribunal Supremo. Ahora, el de la Comunidad Valenciana -que se queja, por cierto, de las filtraciones sumariales y explicita sus efectos legales- descarta la financiación ilegal y el tráfico de influencias e investigará solamente un supuesto cohecho por el asunto (ridículo si se contempla ajeno a la emoción del debate originado) de los famosos trajes.
Si se añade que, en los autos y documentos, abundan las hipótesis no acreditadas, los errores en las cifras y las equivocaciones nominales, el juez Garzón, al que se le veía la intención, tendría que reflexionar seriamente sobre el funcionamiento de su juzgado y el modo en que allí se instruyen las causas, incluido el afán por quedarse con los sumarios cuando era evidente que debieron ser remitidos a otros tribunales mucho antes de sus incansables actuaciones. Para el común de los mortales resulta sorprendente que el juez Garzón acapare tal cantidad de sumarios, siempre con incidencia notable en la opinión pública y, más allá de la opinión favorable o no que se tenga sobre él, este afán de retención y de acaparación mediante "sumarios río" a los que une unas u otras causas es un problema del sistema, algo que corresponde ordenar adecuadamente a la propia Audiencia Nacional.
De otro modo, como ocurre paradigmáticamente con este 'caso Gürtel', perdido y confundido en Valencia como un boxeador sonado y tambaleante, no sólo se causa un daño grave -y más grave para los que, como Francisco Camps, dependen de la opinión pública-, sino que se beneficia a los verdaderos responsables de actuaciones ilícitas que se amparan en la espectacularidad y forzada extensión que se da en la Audiencia a determinados asuntos. Si se observa cómo ciertos sectores implicados en Madrid en estas investigaciones se han sumado a elevar la potencia del ventilador de Garzón se termina por constatar que, además de incorrecto, el procedimiento de esta instrucción favorece a los imputados con pruebas solventes y perjudica, más allá de la misma imputación, a los que se quiere vincular sin ellas. "Por el momento", dicen algunos mixtificadores. Sí, pero, por el momento, tampoco tenemos pruebas contra Garzón ni contra ellos mismos.
RSS
