La trifulca dialéctica que se ha organizado con motivo de las declaraciones del gobernador del Banco de España ha tenido la virtud de mostrarnos a todos la enorme sensibilidad que existe en el país en torno al futuro de las pensiones públicas. Como suele ser habitual en este tipo de debates, las manifestaciones de los interesados o curiosos que salen a la palestra abundan en argumentaciones de medias verdades y con más frecuencia de la deseada en afirmaciones demagógicas. Decir que Ordóñez ha formulado declaraciones y vertido argumentos faltos de rigor no es el menor de los improperios que ha debido escuchar a lo largo de este jueves, en el que han sido demasiados los opinantes que han salido a la palestra, con diferentes grados de audiencia.
Parece deducirse de las manifestaciones de la mayoría de los políticos, sindicalistas y empresarios que han salido a la luz pública que un elevado porcentaje de ellos no se ha tomado la molestia de leerse las 8 páginas de la intervención inicial del gobernador ante la Comisión del Pacto de Toledo. Es una lástima que la gente hable con tan escaso rigor de cosas de las que tan sólo ha captado los titulares de los periódicos. Y, aunque la prensa ha captado bastante bien los mensajes de Ordóñez, que únicamente intentaban transmitir la preocupación por el equilibrio y subsistencia del sistema de la Seguridad Social y ofrecer algunas de las soluciones que ya han adelantado algunos otros países, muchos de los personajes que han salido a la luz pública terciando en el asunto han derivado la cuestión hacia temas no sustanciales.
Sería bueno recordar que Ordóñez se ha limitado a decir algo que vienen diagnosticando muchos expertos internacionales, lejos del apasionamiento interesado que suelen ofrecer los analistas domésticos: la evolución demográfica española, como la de la mayoría de los países avanzados, camina en dirección contraria al equilibrio del sistema de pensiones público, en el sentido de que hay cada vez más personas mayores y en proporción creciente sobre el conjunto de la población (fruto indudable del aumento de la esperanza de vida, que a su vez refleja el aumento del bienestar social), lo que significa que los trabajadores en activo, los que aportan sus cotizaciones para alimentar el sistema público (que, hay que recordarlo, es de reparto o de solidaridad intergeneracional), soportan una presión económica creciente. O sea, cada vez son más los que cobran y cada vez menos los que aportan dinero, situación que adquiere caracteres más dramáticos aún en fases de estancamiento económico, cuando los cotizantes no sólo no aumentan sino que disminuyen mientras se acelera el número de los beneficiarios. No entender esta situación es cerrar los ojos a la realidad. La necesidad de reformar el sistema y adaptarlo a las nuevas condiciones parece evidente.
El segundo toque de atención de Ordóñez es el de urgir a los responsables de las reformas a que no se duermen y a que actúen con rapidez, ya que en este asunto los cambios tardan años, incluso una generación, en surtir sus efectos. Una tercera tarea abordó el gobernador en la intervención del miércoles: las soluciones al problema son varias, los países de nuestro entorno han optado por unas o por otras según sus posibilidades o buenas intenciones. Unos han alargado la edad de jubilación (Alemania, y con muy buenos resultados por cierto), otros han elevado el periodo de tiempo durante el que se computa y calcula la pensión. Otros han optado por fórmulas mixtas. Ordóñez no se ha pronunciado por ninguna de ellas, simplemente ha dibujado y expuesto las posibles medidas. Lo que no es a estas alturas inteligente es quedarse cruzado de brazos.
Por esa vía sí que se llevará la inquietud a millones de familias españolas. Naturalmente no mañana, ni pasado, sino cuando sean mayores (es decir, pensionistas) los que ahora trabajan duramente y aportan su dinero al sistema. Lo malo es que para esas fechas, ni el ministro de Trabajo ni los actuales líderes políticos, sindicales o patronales estarán en sus actuales puestos y serán, por el contrario, venerables jubilados que quizás recuerden sin mucha nostalgia aquellas escaramuzas en las que discutían estérilmente la forma de organizar un sistema asistencial mejor, cuyas insuficiencias estarán soportando. Eso sí, nadie podrá para entonces castigarles en las urnas por su pasividad.
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