El despliegue de medidas por parte de los Gobiernos para tratar de atajar el deterioro de las economías occidentales ha ofrecido hasta ahora multitud de variantes y, por lo general, pocos éxitos. No hay en estos momentos ningún Gobierno del que se pueda decir que ha acertado con la medicina apropiada para atajar la crisis. Por lo que estamos viendo estos últimos días, parece que Estados Unidos se está aproximando bastante con sus últimas medidas, todas ellas regadas con abundancia de dinero público.
Incluso en algunos casos, como Gran Bretaña y el propio Estados Unidos, las estrategias más recientes consisten en dar más actividad a la máquina de fabricar dinero para comprar Deuda Pública e insuflar liquidez a la economía, lo que constituye un intento casi desesperado de salvar la cara del Gobierno con unas medidas que cualquier Gobierno sensato, y desde luego cualquier banco central, rechazaría por heterodoxas en tiempos de normalidad. La situación actual parece que lo justifica todo pero, ¿no habrá límites en la multiplicación de dinero en circulación, en el gasto público, en el incremento del déficit,...? ¿Quién tiene la responsabilidad de decir dónde está el límite de este tipo de estrategias, que de momento se justifican porque hay que salir de la crisis como sea, pero que en cualquier momento pueden empezar a pasar factura? ¿Hacen ahora mismo algo realmente serio los bancos centrales en defensa de una cierta ortodoxia en el manejo de las economías?
El empleo masivo de recursos públicos, y también el abuso de políticas cuantitativas reflejadas en la expansión monetaria, pueden conducir a conflictos entre los Gobiernos y los bancos centrales. De momento, los bancos centrales están actuando como cómplices complacientes, lo que en alguna medida es fruto de su escasa eficacia (sobre todo en el caso de la Reserva Federal de EE UU) a la hora de controlar los desafueros de las entidades financieras que estaban sometidas a su supervisión pero que actuaron libres de todo marcaje, con las consecuencias que estamos padeciendo desde hace año y medio.
Pero la pasividad y aún la aquiescencia de los bancos centrales no puede ser infinita, ya que el deterioro de la calidad crediticia de los Estados como consecuencia de un déficit excesivo y de un descontrol monetario abusivo puede poner en peligro los mismos cimientos del sistema. Cuando los inversores se muestren reacios a suscribir Deuda Pública de algún país, cuando algunas divisas de reconocida solvencia empiecen a tener la consideración de "dinero basura" o cuando la desconfianza generalizada del mercado en los agentes económicos de un país dificulte o encarezca abusivamente las emisiones de sus empresas privadas, imposibilitando su financiación, entonces habrá llegado el momento en el que cada institución tenga que asumir sus responsabilidades y ponerse en el papel que le corresponde.
Y esa situación, que ya no resulta ni tan sutil ni tan remota, parece que empieza a tener como escenario a Gran Bretaña, en donde el gobernador del Banco de Inglaterra ha puesto el grito en el cielo estos días. La divisa británica se está depreciando de forma preocupante por la creciente falta de crédito del país, sumido en una profunda recesión y en un déficit público que ya supera el 10% del PIB. El Estado empieza a tener dificultades para colocar la Deuda Pública entre los inversores, como se ha visto estos días, lo que está obligando a las autoridades monetarias a elevar los tipos de interés, lo que implica más gasto público y por lo tanto más déficit.
La espiral en la que están embarcados ya algunos países empieza a ser diabólica y lo es más en aquellos en los que el nivel de déficit público se sitúa en cotas por encima del 60% del PIB, que es el caso de algunos importantes países europeos, como Italia. El Banco de Inglaterra ha sido, de momento, el primero en decirle al Gobierno que sus veleidades tienen un límite, que contra la crisis no se puede luchar sin reparar en medios. El conflicto constitucional entre los bancos centrales y los Gobiernos podría no estar tan lejano como parece. Y la pretendida independencia de los banqueros centrales frente a Gobiernos oportunistas o poco escrupulosos en materia económica se verá sometida a prueba.
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