La retirada de las tropas de Kosovo pone de manifiesto, entre otros, dos asuntos importantes que revelan algunos aspectos importantes del modo de hacer del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Si no queremos engañarnos -y si no quieren hacerlo tampoco los más críticos con el Gobierno-, en el momento de declararse la independencia de Kosovo se intentó poner a Rodríguez Zapatero y a su ministra de Defensa ante una fundamental contradicción. La independencia, reconocida por algunos países y entre ellos Estados Unidos, no lo ha sido por la ONU, y las tropas internacionales que forman la KFOR están allí, bajo mando de la OTAN, en cumplimiento de la resolución 1244 del Consejo de Seguridad que reafirma el "principio de la soberanía e integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia". Si el Gobierno español había declarado formalmente que ningún soldado español sería desplazado sin un claro mandato de la ONU, la presencia en Kosovo era, al menos teóricamente, contradictoria. Es algo que se le reprochó, aunque sea dialécticamente, una y otra vez.
Por otro lado, todas las críticas que se puedan hacer al apoyo de España a la intervención aliada en Iraq no empañan en absoluto que, en el momento de la retirada de las tropas de Iraq tenían un claro mandato de la ONU como el propio Gobierno de Rodríguez Zapatero terminó por aceptar. Así que nuestro Gobierno ha utilizado las resoluciones del Consejo de Seguridad más como disculpa que como base legal para sus actuaciones internacionales y, en concreto, para el desplazamiento o la retirada de tropas. En Kosovo se han mantenido, y se mantienen todavía hasta no se sabe bien cuándo, con la contradicción señalada -que el Gobierno negaba- y, en Iraq, en el momento en el que no había ningún reparo de la normativa internacional aunque el presidente lo presentó como una vuelta a una legalidad vulnerada por su antecesor.
Habrá que reconocer, de todos modos, que, por el momento, la legalidad internacional es vaporosa, sobre todo en su cumplimiento efectivo. No son todos sus legisladores países democráticos y algunas decisiones obligadas por el sentido común se ven impedidas por los vetos del Consejo de Seguridad. Para cambiar de tercio estos días estamos asistiendo al esperpento de que unas dictaduras más que conocidas por la discriminación y la exclusión, no digamos por las vulneraciones de los derechos humanos, estén preparando una Conferencia sobre el Racismo. En este contexto relativo está visto que las apelaciones del Gobierno español a la ética, además de retóricas y a veces ridículas, no resuelven los problemas reales. Se resuelven con realismo, y el realismo implica una relación estable y sincera con los aliados, mucho diálogo y resoluciones pactadas. Lo vaporoso, y hasta lo inicialmente contradictorio, sólo se sostiene de ese modo.
Y lo pasmoso, entonces -en Iraq- y ahora -en Kosovo- es que tan importantes decisiones se hayan tomado con la urgencia propia de quien plantea una operación de imagen y con el desprecio absoluto a los aliados y al propio prestigio de España como socio de fiar. Lo imprevisible revestido de palabrería buenista puede divertir en el Comité Ejecutivo del PSOE (también por la situación lamentable en que se pone a alguno de sus ministros), pero no sirve en el contexto internacional, en el que se pide un papel incluso superior al que nos corresponde. Así sólo nos terminamos alejando de los países aliados (no de sus administraciones, como se quiso subrayar inútilmente al marcharnos de Iraq inopinadamente) y de las soluciones que debemos apoyar. Si seguimos así, desde luego, no tendremos posibilidad de formar parte de los que las toman por mucho que, como inicial penitencia, se demore y se escalone la salida de Kosovo.
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